SALVADOREÑOS
Una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil se unen contra reforma sancionada por el Presidente Funes y que buscan amordazar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
La reforma de la Ley Orgánica Judicial, impulsada y aprobada en la Asamblea Legislativa por los partidos de derecha y sancionada por el presidente Mauricio Funes, se trata de una maniobra política que otorga a la actual Asamblea Legislativa poderes ilimitados, que busca amordazar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que no siga emitiendo más sentencias molestas.
Este es solo uno de las puntos de un comunicado firmado por 33 organizaciones de la sociedad civil que van desde iglesias hasta universidades, desde asociaciones empresariales hasta organizaciones feministas, desde asociaciones de profesionales de la judicatura hasta organizaciones defensoras de derechos humanos.
Toda una amalgama de voces con ideologías, objetivos, metodologías y filosofías diversas unidas para repudiar el decreto 743 y sus consecuencias, y para pedir su derogación inmediata.
Una contestación civil que el presidente Funes calificó en sus declaraciones del lunes como “los que están haciendo la gran alharaca” y que el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Adreu Oliva, prefirió calificar como “gente seria que hemos estudiado esta situación desde el punto de vista jurídico, político y de sus consecuencias y estamos profundamente preocupados”.
El resultado de esta unión son muchos más argumentos jurídicos, morales, éticos y políticos contra la maniobra de los poderes Ejecutivo y Legislativo para maniatar el máximo tribunal del Poder Judicial, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Entre los argumentos jurídicos, el comunicado señala que la reforma fue aprobada de forma ilegal, pues se produjo irrespetando los procedimientos establecidos para la formulación de las leyes, al ser aprobado con dispensa de trámite y modificación de agenda, algo que la propia Sala ya ha declarado contrario a la Constitución.
Las reformas a los artículos 12 y 14 de la Ley Orgánica Judicial, obliga a que las sentencias de la Sala de lo Constitucional sean aprobadas por unanimidad. Este decreto ha sido un golpe a la institucionalidad democrática, un verdadero golpe de estado técnico contra el Órgano Judicial.
El artículo 14 reformado decía que la Sala de lo Constitucional necesitaba por lo menos cuatro votos conformes para pronunciar sentencia en los procesos de inconstitucionalidad de leyes, decretos o reglamentos, o en las controversias y causas a que se refieren los artículos 138 y 182 de la Constitución.
Y en los procesos de Amparo o de Habeas Corpus, para dictar sentencia interlocutoria o definitiva, la Ley establece que se requieren por lo menos tres votos conformes.
Con el decreto aprobado por los partidos ARENA, PCN, PDC y GANA y sancionado por el Presidente Funes, en una forma rápida y no acostumbrada, obliga a la Sala de lo Constitucional a pronunciar sentencias con una decisión unánime, es decir, con los votos conformes de los cinco magistrados del tribunal constitucional.
Sin conocer la fundamentación que tuvo el órgano legislativo para tomar esta decisión, el Fiscal General de la República, Romeo Barahona, opinó que «en ningún tribunal constitucional se resuelven las cosas por unanimidad».
Ejemplificó que la mayoría de tribunales constitucionales toman las decisiones por mayoría, no por unanimidad, como en Estados Unidos, España, Costa Rica y algunos países Sudamericanos.
Salvadoreños en el exterior lamentan atropello
El Movimiento Político Independiente de salvadoreños en el Exterior (MPI) condenó categóricamente el decreto legislativo del dos de junio y lo consideraron como un atropello más a la institucionalidad del país en la Asamblea Legislativa. “Como organización de la diáspora salvadoreña con fuertes y crecientes vínculos con nuestras comunidades en El Salvador, lamentamos que, una vez más, en la Asamblea Legislativa se atropelle arbitrariamente la institucionalidad del país que tanto ha costado construir en estos 20 años de los Acuerdos de Paz”, manifestó el Movimiento.
Desde el Decreto Legislativo número 555 que se burló de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobre candidaturas independientes, el MPI de Salvadoreños en el Exterior ha venido denunciado internacionalmente los abusos de algunos diputados y diputadas que logrando mayorías circunstanciales, quieren dar al traste con la profundización de la democracia en el país.
Benjamín Cuéllar: “Funes ha dado muestras que está muy mal asesorado”
El director del Instituto de Derechos Humanos del a UCA, Benjamín Cuéllar, manifiesta enfáticamente su descontento con la sanción del presidente Mauricio Funes del decreto 743, sobre la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia.
Cuéllar dice que aparte que detrás de esto hay engaños, intereses políticos, penales y económicos, pero también demuestra lo mal asesorado que está el presidente Funes. Uno de las teorías que han circulado es que la sanción de la reforma obedece a una negociación entre el presidente y los partidos políticos que acordaron amarrarle las manos a la Sala de lo Constitucional, ya que estaban sobre la mesa la futura aprobación de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Sin embargo, Cuéllar dice que esto es un engaño, ya que no había ningún amparo de inconstitucionalidad sobre esa ley en las manos de la Sala de lo Constitucional.
Atentado a la democracia
El periódico digital El Faro en un editorial dice acerca del decreto sancionado por el presidente Funes: “El decreto, aprobado con un explícito afán de imponer legislación con dedicatoria explícita, es un acto bajero de revancha política y una maniobra para maniatar y restringir la independencia de los cuatro magistrados. Ata la decisión al voto de un magistrado que se ha opuesto sistemáticamente a todas las sentencias polémicas y que es un claro representante de la tradicional forma clientelista y sectorial de aplicar la justicia en El Salvador.
La ley debe ser una norma general y permanente, que no puede tener por objetos de su acción a individuos particulares. En este caso, los legisladores violan ese principio jurídico para castigar a unos funcionarios particulares e interferir en el desempeño de otro órgano del Estado. Los partidos que se han visto afectados por la independencia de estos magistrados utilizaron la ley para vengarse de ellos y para atar al máximo tribunal de justicia a fin de que no interfiera en sus intereses políticos.
El acelerado respaldo del presidente de la República al decreto y el riguroso silencio que ha mantenido ante su decisión dejan una larga lista de preguntas sin contestar: normalmente es muy complicado generar decisiones que articulen a cuatro partidos de derecha y al presidente. ¿Hubo un preacuerdo con los partidos políticos? ¿Qué se negoció para llegar tan rápido a una decisión articulada? ¿Por qué el presidente creyó que esta decisión no era pasto del debate nacional, si ha promulgado –cada vez que ha tenido ocasión- que su “nuevo” estilo de gobernar se basa en el diálogo? ¿Por qué consideró que era de interés nacional maniatar a los magistrados en el menor plazo posible? ¿Por qué Funes no cree necesario dar alguna explicación de su accionar?
El Presidente que prometió el cambio se convirtió el jueves en obstáculo para la transformación de un país que urge de consolidación institucional y de prácticas políticas mucho más decentes que la imposición que atestiguamos el jueves pasado. La democracia requiere de líderes más responsables, más decentes y más comprometidos con un mejor país, y con los cambios que este urge, que los que protagonizaron este deplorable retroceso democrático el jueves pasado. En el legislativo y en el Ejecutivo”. (Con datos de Contrapunto, La Página, Colatino y El Faro)
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