SALVADOREÑOS
La reglamentación ni siquiera exige que se presente la persona interesada o que los testigos (dos al menos) sean oriundos del municipio. Basta con un acta notariada para que cualquier mafioso obtenga documentos salvadoreños.
Fuente: Jaime Ulises Marinero, La Página
Cualquier mafioso extranjero puede venir a El Salvador y tener la opción de acudir a cualquiera de los 262 municipios para, con ayuda de un notario, dos falsos testigos y amparados en la Ley Procesal de Familia, sacar partida de nacimiento como salvadoreño.
Es el caso de Juan José Peña González, un hondureño vinculado al narcotráfico en Honduras, que huyendo con su familia, lograron sacar partida de nacimiento original y válida en la alcaldía municipal de Huizúcar, departamento de La Libertad.
Juan José y sus hermanos José Martín y Naúm, obtuvieron partidas en Huizúcar para tramitar la nacionalidad salvadoreña.
Juan José obtuvo partida a nombre de Pedro Crespín Fuentes y el 25 de mayo de 2009, en un tiroteo en la zona rural de San Francisco Menéndez, murió. Por el hecho se procesa al alcalde de dicho municipio, Narciso Ramírez Ventura.
Su hermano José Martín pasó a llamarse René Marcial Crespín Fuentes; y Nahum, Ovidio Crespín Fuentes.
Los tres Peña González, junto a su madre y otros parientes, obtuvieron partidas falsas y con ello se hicieron pasar como salvadoreños.
La legalidad de las partidas
Los tres hermanos Peña González obtuvieron las partidas de nacimiento en mayo de 2005, cuando la alcaldía de Huizúcar era administrada por el entonces alcalde Luis Ricardo Montes Chávez, miembro del Partido de Conciliación (PCN).
Ellos nunca se presentaron a la comuna a tramitar las partidas, pues lo hicieron a través del notario Jorge Alberto Aguilar, que presentó actas notariales en las cuales se lee que los testigos Gerardo Navas Rivera y César Jeremías Montoya Landaverde, daban fe que ellos habían nacido en el barrio El Centro de Huizúcar, pero que por problemas familiares no habían sido asentados.
Según las actas notariales, ellos eran hijos de Ovidio Crespín Pérez y Cruz Isaura Fuentes de Crespín y presentaron los documentos ante el entonces síndico Tomás Gómez, para que la jefa de registro civil Sandra Flores, les extendiera las partidas.
Según el procedimiento para diligencias subsidiarias de nacimiento, regulado en el artículo 184 de la Ley Procesal de Familia, cualquier salvadoreño que no esté asentado en la municipalidad donde nació, puede tramitar su partida de nacimiento, toda vez que presente un acta notarial con el testimonio de por lo menos dos testigos.
El interesado debe presentar, inicialmente, una constancia de que no aparece registrado en el asentamiento del registro civil, luego amparase en el artículo 13 de la Ley Procesal de la Jurisdicción Voluntaria y de otras diligencias, luego presentar la declaración bajo juramento del interesado manifestando la veracidad de los hechos, presentar al notario constancias y testigo para elaborar el acta finalmente presentarla ante el síndico para su aprobación en un período no mayor de ocho días, Luego de eso ningún registro civil puede negarse a la extensión de una partida de nacimiento.
El colmo es que la reglamentación ni siquiera exige la presencia física de la persona interesada ni que los testigos sean oriundos del municipio. Es decir que una persona de color o con rasgos orientales puede, en caso extremo, obtener una partida como salvadoreño y perfectamente dos salvadoreños originarios de Meanguera del Golfo pueden dar fe de que una persona nació en Metapán, aunque nunca hayan estado en ese municipio.
Según el actual alcalde de Huizúcar, Moisés Amílcar Tamacas, quien llegó a la comuna en mayo de 2006, el procedimiento efectuado por la administración anterior fue legítimo en cuando a que se actuó apegado a la normativa vigente.
Fue obvio que los Peña González conocían perfectamente que en Huizúcar uno de los apellidos más comunes es Crespín, por lo que se valieron de esa situación para hacer más creíble su petición vía notario.
Actualmente la alcaldía de Huizúcar se encuentra bajo investigación por la extensión de dichas partidas, extendidas durante la administración pecenista. Aunque dichos documentos no fueron dados en la administración actual, el alcalde Tamacas reconoce que se actuó en cumplimiento con la ley.
Desde el año pasado, antes de extenderse una partida, los documentos de solicitud, es decir, las actas notariales son enviadas al Registro Nacional de la Persona Natural (RNPN), cuya labor es verificar que no se ha entregado DUI con el nombre de la persona que solicita partida, pero eso es todo, no hay mayores indagaciones.
A juicio de Tamacas es urgente una ley que modifique eso, pues es demasiado fácil que las alcaldías extiendan documentos legales a personas dedicadas al crimen organizado o que quieren pasar por salvadoreños para alguna situación anómala.
En este caso, Tamacas considera que se debe investigar a quienes fueron los testigos que juraron tener la certeza de que los hermanos Peña González nacieron en Huizúcar. Igualmente el notario debe de dar una explicación del procedimiento efectuado.
“Nosotros como municipalidad estamos abiertos a cualquier investigación, pues entendemos que todo se hizo por la vía legal”, dice el alcalde.
Incluso recordó que ya bajo su administración edilicia se le entregó partida de nacimiento al dominicano Jorge Aníbal Torres Puello, procesado en el país por prostitución de menores y reclamado por varios tribunales en el exterior.
Torres Puello presentó un acta notarial con testigos falsos aprovechando que su suegra era oriunda de Huizúcar. La municipalidad supo que había sido timada hasta que se conoció el escándalo por la captura del dominicano en Haití, Luego se supo de sus acusaciones y de los reclamos judiciales en Miami.
DIARIO LA PÁGINA habló con cuatro registros civiles de diferentes municipalidades de los departamentos de Santa Ana, La Paz, la Unión y Cuscatlán y en todos coincidieron en que se requiere del acta notarial con el testimonio de al menos dos testigos.
A los empleados de Registro Civil se les expuso el caso de un pariente que no tenía asentamientos por problemas propios de la época de su nacimiento (se puso la fecha marzo de 1981) y la salida legal que dieron fue hacer lo mismo que en su momento hicieron los Peña González.
En la alcaldía de La Unión, recordaron que ya no está en vigencia la normativa que permitía a las comunas incendiadas durante la época del conflicto armado extender partidas con la presentación de testigos.
Aunque no hay una institución que lleve la contabilidad de cuántas partidas se han extendido en el país bajo la el artículo 13 de la Ley Procesal de la Jurisdicción Voluntaria, fácilmente podrían ser unas 2,000 en la última década y nadie puede garantizar que realmente sean salvadoreños.
“La ley es demasiado frágil, permite estas situaciones”, dijo Tamacas, quien señaló que urge hacer reformas, a fin de evitar que “cualquier mafioso extranjero” pueda sacar documentos salvadoreños para seguir delinquiendo o para huir de la justicia.