OPINION
SALVADOREÑOS
Caso Jesuitas: Honor y Justicia
Por: José Manuel Ortiz Benítez*
“Me quieren matar” fue la frase que pronunció Ignacio Ellacuría, ex rector de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), en octubre de 1989.
Días después, el cuerpo de Ellacuría yacía tieso boca abajo, con el brazo izquierdo ligeramente torcido por encima del cuello. Su rostro había quedado reposado mirando contra el suelo y las piernas permanecían reunidas, ligeramente tensionadas por la fuerza aplicada en los tobillos en el arrastramiento del cuerpo.
Fue una mañana de mucha conmoción.
Inmediatamente, el gobierno de entonces puso en marcha un operativo informativo para comunicar al mundo que la masacre había sido perpetrada por las fuerzas guerrilleras comandadas por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
“Repudiamos la masacre contra los jesuitas” se desligó rapidísimamente el FMLN en un comunicado oficial.
Nadie quería hacerse cargo de la barbarie.
Finalmente en enero de 1990, fue un tal Eric Buckland, entonces asesor militar de EE.UU. en El Salvador, quien aclaró la desinformación, adjudicando la autoría material e intelectual de la masacre a la cúpula militar del estado salvadoreño.
“Hubo un complot por parte del Estado Mayor para asesinar a los jesuitas” dijo Buckland, temblando ante la cámara que le apuntaba a la cara en el Centro Especial de Interrogatorio del FBI. Fue la declaración más dramática que dio en toda su vida. “Estoy a punto de entrar en un ataque de nervios” soltó en medio del interrogatorio.
Militares de alto nivel fueron señalados por Buckland en su informe oficial de 1991 al Congreso de los EE.UU, entre ellos, el ex Jefe del Estado Mayor, Don René Emilio Ponce.
Al ex presidente del gobierno, don Alfredo Cristiani, no lo quedó más remedio que entrar al trapo en defensa de la cúpula militar.
En 1991, tras la tremenda presión, hubo un juicio orquestado, donde se encontraron culpables de asesinato a dos militares de rango menor del batallón Atlacatl.
Al coronel Guillermo Alfredo Benavides lo empapelaron con 8 cuentas de asesinato, mientras que al teniente René Mendoza Vallecillos, le adjudicaron, 1, el de la víctima menor. Ninguno de los altos mandos señalados por Buckland fue condenado, a pesar de las pruebas aportadas.
En 1993, se acordó una ley de amnistía y los únicos dos militares condenados hasta ese momento quedaron en libertad. Las víctimas se llevaron las manos a la cabeza. El arreglo legislativo se presentó como salvación para los que aun quedábamos vivos.
20 años después, el caso de los jesuitas vuelve a ser foco de discordia nacional.
Al igual que entonces, para algunos salvadoreños abrir el caso supone abrir heridas, para otros, una oportunidad para sanarlas.
El caso nos persigue y tiene un potencial altamente destructivo, entre otras razones, porque los actores relevantes siguen siendo fantasmas de aquel pasado conflictivo que todos queremos dejar atrás.
¿Por qué a los salvadoreños nos separa la verdad? se pregunta mi estimable amigo Chicho.
No hemos evolucionado lo suficiente. El concepto de honor y justicia sigue siendo aquel que portaban y vociferaban los operadores de la guerra. En el caso de los jesuitas, las víctimas aún tienen que esperar.
*José Manuel Ortiz Benítez es columnista salvadoreño