SALVADOREÑOS
Presos nueve militares involucrados en muerte de sacerdotes jesuitas
El Salvador amaneció conmocionado, luego de saber que la cúpula militar que condujo al ejército durante una buena parte de la guerra civil (1980-1992), guarda prisión desde el domingo en una de las instalaciones castrenses en las que antes y durante el conflicto armado se sembró el terror contra los opositores a la dictadura.
Ubicados ahora en una celda, con barrotes y durmiendo en camarotes de dos camas, los nueve militares, acusados de la masacre de de 6 padres jesuitas, su colaboradora y la hija de ella en 1989, han iniciado un proceso penal por el cual podrían ser extraditados a España para recibir un castigo que nunca imaginaron.
Desde que se conoció que el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, giró orden internacional de captura contra de los mandos militares acusados de perpetrar la masacre de la UCA, en El Salvador se ha vivido una jornada de especulaciones jurídicas y políticas acerca de que si los acusados serán o no extraditados.
Durante muchos años los militares han logrado evadir la justicia por crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos durante la conflagración armada, escudados en la polémica Ley de Amnistía decretada por el congreso salvadoreño en 1993, misma que perdonó todos los crímenes graves cometidos entre 1980-1992, tanto por militares y guerrilleros.
El proceso: A primeras horas
Según circuló en un boletín de prensa enviado por Casa Presidencial, los nueve militares resguardados en la Brigada Especial de Seguridad Militar, desde el domingo, fueron puestos a disposición del juez Décimo Segundo de Paz, Roberto Carlos Calderón, y así lo confirmaron a ContraPunto fuentes cercanas a los tribunales.
“El juez Décimo Segundo de Paz recibió el oficio por parte del ministro de Defensa, donde le informaba que ponía a su disposición a los nueve militares que se habían entregado voluntariamente a la guarnición mencionada”, dijo un vocero de los tribunales.
Posteriormente, el juez Calderón se avocó a las instalaciones donde se encontraban los acusados para realizar una inspección de las condiciones de las celdas donde se encuentran; así como notificarles los delitos por los cuales son requeridos por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional España.
De igual forma el juez solicitó un informe a la Interpol (Policía Internacional) sobre la situación de la orden de captura internacionales giradas contra los militares acusados de matar a 6 padres jesuitas, su colaboradora y la hija de ésta.
“Con esta información el Licenciado Calderón fue a la Corte Suprema de Justicia a entregar la documentación que él tenía al respecto (…); el juez Roberto Calderón ya hizo lo que tenía que hacer”, señaló la fuente.
Los militares retirados que ahora quedan bajo jurisdicción de la Corte Suprema son Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Mariano Amaya Grimaldi, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo.
Contra todos pesa una orden internacional de captura girada por el juez Velasco, quien procesa una demanda contra 20 militares acusados de ocho delitos de asesinato terrorista y un delito catalogado como crimen de lesa humanidad.
Velasco pidió el 26 de julio a Interpol la captura para efectos de extradición de 10 militares, pero uno de ellos, el ex jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce falleció el pasado 2 de mayo.
Corte Suprema en sesión permanente
La Corte Suprema de Justicia se declaró el jueves en sesión permanente mientras pasa revista al informe entregado por el juez Décimo Segundo de Paz, Roberto Carlos Calderón, en torno a la situación de los nueve ex militares que se encuentran resguardados en la Brigada Nacional de Seguridad Militar (Ex Guardia Nacional), informó una fuente cercana a la Corte.
De igual forma se conoció que no existe aún una solicitud por parte del Estado español para iniciar un proceso de extradición de los acusados de perpetrar la masacre de 6 padres jesuitas, su colaboradora y la hija de ella.
También se supo que los habeas corpus presentados por los abogados de los acusados siguen en estudio en el seno de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
Los padres jesuitas fueron asesinados en 1989 por el Batallón Atlacatl, según dice el informe de la comisión de la verdad de 1993, en el marco de la ofensiva guerrillera “Hasta el Tope”, entre los ultimados estaba Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró eminentes filósofos y teólogos. (Fuente: Hugo Sánchez/Gerardo Arbaiza, Contrapunto)