SALVADOREÑOS
El máximo tribunal de justicia salvadoreño emitió el miércoles dos resoluciones en sentidos opuestos, favoreciendo una a los nueve militares contra los que España pide detención por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, y la otra denegando a los acusados el derecho a libertad por supuesta detención arbitraria.
La Corte Suprema de Justicia, que reúne a 15 magistrados de todas las salas, resolvió por mayoría denegar a la Audiencia Nacional la petición de aprehensión de los acusados, argumentando que la difusión roja de Interpol solo sirve para localizar a los militares acusados de crímenes de guerra y de asesinato terrorista. Con 10 votos, la Corte plena favoreció los intereses de los procesados por el juez Eloy Velasco.
“La Corte determinó que lo que tienen es una difusión roja, medida administrativa para ubicación, que puede ir acompañada o no de una solicitud de extradición que debe hacer el Estado requirente al Estado requerido”, dijo el principal vocero de la Corte, Ulices del Dios Guzmán.
El magistrado explicó que aunque hay un acuerdo, aún no está firmada la resolución. La resolución implica que los militares pueden salir de las instalaciones militares donde se refugiaron desde el pasado 7 de agosto, tres días después de que la Policía Nacional Civil hubiera recibido las órdenes de captura internacional de Interpol y se hubiera abstenido de ejecutarlas.
Guzmán dijo que según el convenio de extradición solo el Ministerio de Justicia de España puede solicitar la extradición de los procesados por la masacre de los sacerdotes jesuitas. “Hasta el momento no lo ha hecho”, aclaró.
En esta decisión no participaron los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, que este mismo miércoles, mientras su colegas de Corte plena resolvían a favor de los implicados en el caso jesuitas, rechazaban la petición de habeas corpus que habían hecho los militares, con el fin de invalidar cualquier posible detención.
“Nosotros resolvimos que no tenemos competencia para revisar la jurisdicción de un juez extranjero”, explicó el magistrado Rodolfo González, de la Sala de lo Constitucional, al referirse a la decisión del juez español Eloy Velasco de considerar que en El Salvador no se hizo justicia y por lo tanto requerir la captura de los imputados. “Ya se les había prevenido, a quienes pidieron habeas corpus, que respondieran si estaban detenidos o no”, añadió el magistrado constitucionalista. En un comunicado de la Corte Suprema de Justicia se explica que la Sala de lo Constitucional no encontró indicios de que la PNC o Interpol hayan violado el derecho a la libertad que los militares reclamaban.
La oficina de Interpol en San Salvador recibió el 4 de agosto la orden de captura internacional girada por Velasco. La mayoría de los 10 nombres pertenecen a una generación conocida como “La Tandona”. Aunque la Policía ya tenía vigilancia de los procesados –según una denuncia que los acusados presentaron a la Corte Suprema de Justicia-, la Policía no ejecutó el mandato de Interpol y mejor decidió mantener engavetado el documento.
La detención provisional con miras a la extradición nunca se hizo efectiva en el caso de los 10 militares -uno de ellos, el general René Emilio Ponce, falleció el pasado 2 de mayo-, pero aun así los magistrados en Corte plena determinaron que los procesados pueden seguir en libertad.
La decisión causó la reacción crítica de la abogada Almudena Bernabéu, del Center for Justice and Accountability (CJA), organismo no gubernamental con sede en California, Estados Unidos, que es querellante en España contra los militares. “En un país normal, democrático, te llega una orden de arresto y tú arrestas de manera preventiva sin nunca violar las leyes del país requerido”, dijo.
Orlando Montano, detenido en EE.UU.
En Estados Unidos, otro de los implicados, el ex viceministro salvadoreño de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano, fue retenido la mañana del martes 23 de agosto por autoridades federales en Massachusetts, Estados Unidos, acusado de mentir sobre su pasado en las declaraciones para mantener su residencia en ese país, informó el periódico The Boston Globe. Montano es otro de los acusados por la masacre de los Jesuitas.
En su caso, está acusado penalmente por fraude migratorio y será juzgado por un tribunal de Boston, cerca de donde residió los últimos diez años.
El Globe precisa que el militar retirado no está capturado en relación con el proceso que ventila el juez Eloy Velasco en España, sino por fraude en las declaraciones que ha dado a las autoridades migratorias en los últimos siete años.
Según la nota, el coronel Montano, contra quien la Audiencia Nacional de España pide la captura internacional acusado de crímenes de guerra, declaró a las autoridades migratorias estadounidenses que nunca estuvo en el ejército salvadoreño y por eso fue puesto bajo custodia por oficiales federales.
De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes más graves ocurridos durante la guerra civil salvadoreña, Montano estuvo presente en una reunión el 15 de noviembre de 1989, en la que se discutió el asesinato de los sacerdotes jesuitas. (Fuente: Sergio Arauz y Efren Lemus, El Faro)