SALVADOREÑOS
La Policía Nacional Civil (PNC), de El Salvador, anunció esta semana que envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nuevas “difusiones rojas” emitidas por un tribunal español contra cinco ex militares que estarían involucrados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989, durante la guerra civil.
La confirmación la hizo a la prensa local y extranjera el subdirector de investigaciones de la PNC, Howard Cotto.
Estas “difusiones rojas” fueron emitidas por el juez español Eloy Velasco, quien procesa desde hace dos años el caso de la llamada Masacre Jesuita, cometida por militares y en la que asesinaron a las máximas autoridades de la Universidad Centroamericana (UCA), entre ellos su rector Ignacio Ellacuría y el vicerrector, Ignacio Martín-Baró, dos prominentes exponentes de la Teología de la Liberación.
Cinco de los seis sacerdotes jesuitas asesinados eran de origen español; dos mujeres más, colaboradoras de los religiosos, también fueron masacradas por los soldados, en un hecho que fue repudiado mundialmente.
La acción criminal ocurrió el 16 de noviembre de 1989, en plena guerra civil y en medio de una ofensiva guerrillera contra San Salvador.
El mes pasado El Salvador vivió gran tensión porque el juez Velasco envió a El Salvador órdenes de captura internacional o “difusiones rojas”, contra nueve militares, entre ellos un ex ministro de Defensa y dos ex viceministros, reclamados por la Audiencia Nacional de España, a causa de la Masacre Jesuita.
Los nueve primeros militares que fueron reclamados por la justicia española, se refugiaron en una cuartel del ejército local durante varios días hasta que la CSJ dictaminó que no procedía la captura dado que en El Salvador la “difusión roja” de la Interpol era interpretada como “orden de localización” y no como “orden de captura”.
Además, la CSJ dijo que España no había comunicado oficialmente su deseo de extraditar a los ex militares requeridos.
Sectores defensores de los derechos humanos afirman también que el gobierno y en general el Estado de El Salvador protege a los violadores de los derechos humanos, como en el Casi Jesuita.
España procesa a 20 ex militares salvadoreños. De ellos, uno falleció en mayo pasado: René Emilio Ponce, exministro de Defensa, 1990-1993, y uno de los que tenía mayores implicaciones.
Cotto aseveró que la Corte Plena, de la CSJ, tendrá la decisión de acatar la “difusión roja” con fines de captura y extradición o simple localización.
Los demandados actualmente son: Guillermo Alfredo Benavides Moreno (coronel del ejército y director de la Escuela Militar), Joaquín Arnoldo Cerna Flores (coronel y jefe del Conjunto Tres del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada); Héctor Ulises Cuenca Ocampo (teniente de la Fuerza Armada destacado en la Dirección Nacional de Inteligencia de El Salvador).
También son demandados Carlos Mauricio Guzmán Aguilar (coronel y director de la Dirección Nacional de Inteligencia de El Salvador, DNI); y Oscar Alberto León Linares (coronel y comandante del Batallón Atlacatl). Todos los implicados son procesados por asesinato, terrorismo y crímenes de lesa humanidad. (Fuente: Contrapunto)