SALVADOREÑOS
La decisión de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña de que no procede detener a los militares requeridos por España por el asesinato de los jesuitas mereció la reacción de la Audiencia Nacional, que pide a El Salvador aclarar la situación jurídica de los imputados.
La Audiencia Nacional de España pidió a El Salvador que explique la situación jurídica de los nueve militares contra quienes emitió orden de captura internacional y en favor de quienes este miércoles la Corte Suprema de Justicia salvadoreña dijo que no procede la aprehensión.
La Audiencia, que procesa a 20 militares bajo cargos de asesinato terrorista y crímenes de guerra, también pidió por medio del Ministerio de Justicia español que El Salvador aclare si la Corte Suprema ya inició el proceso de extradición de los salvadoreños, informó el periódico El Mundo, de España.
“La Audiencia Nacional ha preguntado a las autoridades salvadoreñas sobre la situación jurídica en que se encuentran estos militares, para saber si se encuentran en detención preventiva y, de ser así, dónde y bajo la autoridad de qué juez están”, dice la nota del diario español.
La tarde del miércoles, la Corte Suprema resolvió que la difusión roja de Interpol es un código que nada más obliga a las autoridades a localizar a los perseguidos, no a capturarlos. Por lo tanto, los magistrados, en una resolución de 10 votos en favor y dos abstenciones, determinaron que los militares están libres y que la Policía Nacional Civil no puede capturarlos.
Los acusados fueron albergados por el Ministerio de la Defensa Nacional desde el pasado domingo 7 de agosto en la Brigada Especial de Seguridad Militar. Ni la Policía Nacional Civil ni el Ministerio ni la Presidencia de la República han querido aclarar cómo coordinaron el ingreso y bajo qué circunstancias les permitieron evitar las capturas por parte de la Policía, aunque la misma Presidencia informó que la PNC estaba a punto de ejecutar la orden de captura internacional de Interpol cuando los militares se refugiaron en el cuartel.
Benjamín Cuellar, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) en El Salvador, opina que si las órdenes de captura, por cualquier razón, no se hicieron efectivas fue porque aun hay un alto componente político en este caso. “20 años después de terminada la guerra, podrá haber cambiado de forma el sistema de justicia pero este sigue marginando a las víctimas, sobre todo a los responsables cuando son de alto vuelo”, dijo quien representa a una institución que ha sido querellante en el caso jesuitas.
Cuéllar cree que con las distintas versiones que existen en el caso se está mandando “un terrible mensaje de impunidad a las víctimas de cualquier tipo de asesinatos en guerra. Somos el único país que además no cumple con el sistema interamericano de justicia. Los poderes se juntan para mantener y fortalecer la impunidad, y eso afecta gravemente en el clima de seguridad”, dijo. (Fuente: elfaro.net)