OPINION
Ley contra los inmigrantes en Alabama
Por: José Manuel Ortiz Benítez*
De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, cerca del 3.5% de la población de Alabama es de origen extranjero.
En el 2010 los inmigrantes indocumentados de Alabama formaron aproximadamente el 4.2% de su fuerza laboral, según la misma fuente, y aportaron a la economía estatal un 5% del total, es decir los indocumentados sumaron 6,927 millones de dólares a la riqueza de todos los “alabamans”.
Sin embargo, los redactores de la ley anti-inmigración de Alabama han dicho basta ya, no queremos crecer junto a ilegales.
Hay una posición simplista, casi infantil, de algunos legisladores locales que piensan que marginando a los indocumentados van a solucionar el problema de la inmigración ilegal en EE.UU. La problemática de la inmigración es mucho más compleja y enrevesada como para solventarla unilateralmente con una ley dura de corte estatal.
La ley anti-inmigrante de Alabama entró en vigor el 3 de octubre de 2011, después de haber sido ampliamente refrendada por un juez federal. El juez confirmó que la estancia ilegal de personas en EE.UU. es un delito y por tanto los estados tienen el deber y la obligación de buscar formas efectivas para perseguirlo.
“Ya estamos hartos de los ilegales, que los arresten a todos y que los manden a sus miserables países de origen”, dijo a Fox News un activista, que merodeaba impacientemente delante del complejo judicial de Montgomery, Alabama, mientras el juez deliberaba el fallo.
“Yo todavía no tengo papeles, voy a concederle la custodia legal de mis tres hijos nacidos en Estados Unidos a mi hermano Eusebio que ya consiguió la residencia”, dice Toñi, preocupada por una posible deportación, en una entrevista en la radio hispana local. Si Toñi es deportada, sus tres hijos pueden convertirse en hijos huérfanos del estado de Alabama hasta que cumplan 18 años de edad.
La ley es clara y rotunda, todas las fuerzas vivas del estado de Alabama se deben unir para “perseguir y castigar” a cualquier persona que esté en Alabama de manera ilegal.
Si usted es un inmigrante que se esfuerza cada día por salir adelante, si trabaja con esmero y honestidad, si respeta la ley, si paga sus impuestos a cabalidad, si está en el ejército defendiendo los colores de EE.UU, si donó un riñón para salvarle la vida a un oficial del gobierno de EE.UU., nada de eso cuenta a su favor en Alabama, usted es igualmente repudiable como cualquier otro delincuente común y, por tanto, ha de ser perseguido y castigado por su delito con todo el peso de la ley.
El problema de esta ley es que tiene un toque integral perverso, no entra en detalles, es decir no distingue entre inmigrantes buenos, útiles y productivos e inmigrantes ofensivos, transgresores. Sin excepción, todos los indocumentados tienen la misma condición: todos son delincuentes.
Los legisladores de Alabama, en vez de construir una ley con el pincel, han construido una ley con la brocha gorda y de un sólo brochazo han metido en el saco de delincuentes a cientos de miles de familias honestas y productivas que, cada día, aportan más de 19 millones dólares a la economía de Alabama.
“Que fácil resulta a veces sacrificar, en la democracia más sólida del mundo, a toda una población, que, en términos generales, simplemente se esfuerza por producir” reflexiona, como de costumbre, mi estimable tocayo don Manuel.
*Jose Manuel Ortiz Benítez es analista salvadoreño.