VENEZUELA
Con incertidumbre y dudas entre comerciantes y consumidores, Venezuela aplica desde este martes una cuestionada Ley de Costos y Precios Justos que busca hacerle frente a la inflación y es defendida por el gobierno “para la construcción de la economía socialista”.
Como primera medida, el gobierno anunció la congelación de los precios de 18 productos. Entre ellos se incluyen el agua mineral, jugo de fruta, cloro, jabón, lavaplatos líquidos, limpiadores, champú, desodorantes, papel higiénico y los pañales (ver aparte lista completa).
La normativa busca establecer un sistema que regule los precios de venta al público y establezca los márgenes de ganancia, además de sancionar a los comerciantes que “especulen”.
Aquellos que vendan a un precio considerado “elevado” deberán rebajarlo, pero aún no se sabe qué se considera un margen de ganancia “excesivo”.
El vicepresidente Elías Jaua aseguró que la medida que afecta a 18 productos se extenderá hasta el 15 de diciembre. Hasta ese entonces se realizarán auditorías “para ver si los precios se corresponden con la estructura de costos”, luego el gobierno informará a las empresas el precio máximo de venta a público que deberán regir a partir del 15 de enero.
La puesta en marcha de la ley vino acompañada de una cadena de radio y televisión de la que el presidente Hugo Chávez, quien se recupera de un cáncer, participó a través del teléfono.
El mandatario ha dicho que esta Ley de Costos y Precios Justos constituye un nuevo mecanismo en la “transición al socialismo” que busca acabar con los “vicios del capitalismo”.
“Métanle bien el ojo”, dijo este martes a los nuevos inspectores de precios y mencionó a multinacionales como Colgate, Palmolive, Pepsi-Cola, Nestlé, Jonhson & Johnson, Coca-Cola, Unilever Andina y a la compañía Alimentos Polar, el mayor grupo de alimentación de Venezuela.
El objetivo, aseguran las autoridades, es combatir la especulación y la inflación, que alcanza el 23% y es la más alta de América Latina – y una de las más altas del mundo.
Los empresarios la ven con desconfianza y aseguran que fomentará la escasez de algunos productos. Incluso algunos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez reconocen que la norma debe ser bien aplicada o podría convertirse en un “boomerang”.
Más controles
Desde el 2003 el gobierno aplica un control de precios a productos considerados de primera necesidad, como aceite para cocinar y arroz. Pero la medida no ha logrado detener la inflación y ha generado que haya desabastecimiento de algunos productos regulados.
Con la nueva normativa, en teoría, se amplía el control a todos los sectores de la economía, con excepción de la banca, algo considerado “inaplicable” por críticos de la ley.
En las primeras etapas, el control de precios comenzará a regir en cinco sectores: alimentos, productos de higiene personal y de limpieza del hogar, medicinas y servicios de atención médica, materiales de construcción y repuestos de vehículos. Además, el gobierno tendrá mayores potestades para ejecutarla y sancionar a quienes la violen.
La ley crea un sistema de administración de precios de venta (Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios) y márgenes de ganancia. Uno de los objetivos de la normativa es “establecer mecanismos de control previos a aquellas empresas cuyas ganancias son excesivas en proporción a las estructuras de costo”.
Los empresarios deberán informar, a través de un registro electrónico, la estructura de costos de sus productos y los precios que cubran esos costos. Estos critican que no se tengan en cuenta los “costos indirectos” de producir un bien. (Fuente: Juan Paullier, BBC)