EL SALVADOR
Cientos de personas se hicieron presentes en la Plaza Cívica, de San Salvador, este viernes para estar presentes en el desarme parcial que las pandillas anunciaron realizar, como parte del proceso de paz iniciado el pasado 9 de marzo.
Al evento llegó, cerca de las 12:00 del medio día, el secretario de general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien ofreció “todo el apoyo” a la “tregua” entre pandillas que ha logrado reducir el promedio diario de asesinatos en El Salvador de 14 a 5.5 homicidios.
En total fueron entregados 77 armas de fuego y una mina explosiva. Entre las armas había 30 escopetas C-12, 3 fusiles M-16, 3 fusiles AK-47, 3 FAL, un fusil 30.30, un fusil 30.06, 7 armas cortas y una mina Claymore.
Tras la entrega, una aglomeración de personas -observadores y medios de comunicación- invadieron el espacio de seguridad que se había instalado para proteger a las autoridades, por lo que en reiteradas ocasiones Monseñor Colindres tuvo que pedir que abrieran espacio para continuar con su intervención, que consistían con la lectura de una carta en nombres de los actores de esta tregua.
Colindres aseguró que ya había avisado al director de la Policía Nacional Civil, Francisco Salinas, para que tomara custodia de las armas.
Acuerdo de desarme
Los pandilleros, por su parte, anunciaron el jueves “un simbólico desarme parcial” de sus grupos y que le entregarán las armas a Insulza, quien llegó a El Salvador para una visita de dos días para conocer la “tregua” entre esas organizaciones criminales.
Insulza, junto a autoridades salvadoreñas y los mediadores de la “tregua”, se reunieron con alrededor de medio centenar de pandilleros y reos comunes en el centro penal de La Esperanza, en la zona de Mariona, en la periferia norte de San Salvador.
“Vamos a dar todo el apoyo que sea posible” a este proceso, expresó Insulza en una breve declaración a la prensa después del encuentro, del que dijo salir “muy impresionado”.
Esta es la primera vez que un alto cargo como el secretario general de la OEA se reúne con presidiarios en El Salvador, destacaron fuentes del Ministerio de Seguridad.
El Salvador está considerado uno de los países más violentos del mundo, con una tasa anual de homicidios de 68 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media latinoamericana de alrededor de 20, según las Naciones Unidas. Las pandillas salvadoreñas tienen unos 64.000 miembros, según datos del gobierno, que les atribuye “el 90%” de los asesinatos en el país.
Los homicidios sumaron al menos 1,562 en el primer semestre de este año, 552 menos que en el mismo período de 2011, cuando fueron 2,114, disminución que se debe principalmente a la tregua y a la labor policial, según el Ministerio de Seguridad. El secretario general de la OEA aseguró este jueves que el acuerdo entre “es un camino alternativo” para enfrentar la violencia en el país centroamericano.
El gobierno de El Salvador rechaza las acusaciones de que en realidad negoció con las maras, y sostiene que se limitó a “facilitar” la mediación de la Iglesia. Las acusaciones contra el gobierno surgieron por el traslado de los pandilleros presos a cárceles de menor seguridad, pero el Ejecutivo ha dicho que lo permitió para que los cabecillas comunicaran los acuerdos alcanzados entre ellos a los demás miembros de las maras, de acuerdo con EFE.
La Mara Salvatrucha y la Barrio 18 están enfrentadas por la disputa de territorio y del mercado de las drogas. Surgieron en la década de los años 80, y con el paso del tiempo y la incursión de jóvenes deportados de Estados Unidos con antecedentes criminales, las maras fueron evolucionando hasta que mediante asesinatos, extorsiones, comercio de droga y armas ganaron territorio y atemorizaron a la población. “Son la principal amenaza a la seguridad”, dijo David Munguía Payés, ministro de Justicia y coordinador del gabinete de Seguridad del gobierno del presidente, Mauricio Funes.
A finales de 2011, los principales líderes de ambos grupos estaban recluidos hasta marzo, fecha de la tregua, en el penal de máxima seguridad del país. Desde ahí, ordenaron a sus miembros que asesinaran soldados, policías y empresarios de transporte, de acuerdo con fuentes de Seguridad del gobierno. Los pandilleros identificaron dicha orden como Código 20, que más tarde interceptaron las autoridades.
Aunque a finales del año pasado, las pandillas atacaron a varios agentes, soldados y estudiantes de la Academia Nacional de Seguridad Pública, según investigaciones policiales, el Código 20 no se implementó, según el ministro Payés, porque las pandillas acordaron con mediación de la Iglesia católica el pacto de no agresión.
De acuerdo con los empresarios, las pandillas extorsionan el 90% de las rutas de autobuses, con un pago de entre 200 y 500 dólares a la semana. Si no lo abonan, se exponen a la quema de las unidades o a que los asesinen, según explica a CNNMéxico Rodrigo Teos, empresario y dirigente de uno de los gremios del transporte.
“Estamos conscientes de que le hemos fallado a Dios y a la sociedad, y en nombre de toda mi pandilla quiero pedirle perdón a la sociedad y que nos den una oportunidad de poder cambiar”, dijo Dionisio Umanzor, uno de los jefes de la Mara Salvatrucha, en una misa celebrada en prisión tras el pacto.
Las pandillas se han comprometido con el fin de “todas las formas de reclutamiento involuntario de personas menores y mayores de edad”, de acuerdo con el comunicado leído por Víctor García, un miembro del Barrio 18 desde la prisión de Quezaltepeque, al norte de San Salvador.
Los líderes de las principales pandillas señalan que no quieren “seguir poniendo los muertos” y que quieren “alternativas de reinserción y oportunidades de trabajo” para ellos y sus familiares. Se quejan de que se les negaron oportunidades académicas y laborales.
De acuerdo con un estudio de la Policía Nacional Civil de finales de 2011, El Salvador cuenta con 28,130 pandilleros activos, 10,000 de los cuales están en prisión cumpliendo una pena o a la espera de un juicio. (Con datos de El Mundo y CNN)
