OPINION
El aborto en El Salvador
Por José Manuel Ortiz Benítez*
Después de 5 años de batalla legal, finalmente el 19 de abril de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—uno de los órganos más importantes de derechos humanos de la región—declaró admisible el caso de Manuela, una mujer salvadoreña sentenciada injustamente a 30 años de prisión, después de haber sufrido un aborto espontáneo por una enfermedad en la sangre. En el juzgado, a Manuela se le acusó de homicidio agravado, y dos años después murió por un cáncer linfático (linfoma de Hodgkins), una enfermedad que arrastraba desde hace tiempo, y causante real del aborto por el cual había sido sentenciada por las autoridades salvadoreñas.
El 30 de abril de 2010, Manuela murió cumpliendo su sentencia en una prisión de mujeres, sin agua potable, ni salas de enfermería. El cáncer la mató lentamente a lo largo de los 730 días que permaneció en la prisión.
Con un cáncer no detectado desarrollándose en el fondo de su sistema, Manuela parecía una mujer normal, entregada a sus quehaceres domésticos, a sus batallitas diarias para complacer a su marido, siempre fiel a su instinto maternal a la hora de sacar adelante a sus otras dos criaturitas, en un terreno duro, como una jungla, lleno de violencia y peligros inesperados.
A finales del 2007, Manuela, al borde de los 33 años de edad, se quedó embarazada del tercero. Pero a diferencia de los otros dos, el parto se le complicó, y en la complicación se le fue la vida.
En el tercer trimestre de embarazo, la hemorragia de sangre apareció con más fuerza y a Manuela no le quedó otra opción que ingresar por el lado de las emergencias en el Hospital Nacional Dr. Héctor Antonio Hernández Flores de San Francisco Gotera, Morazán, una de las zonas más pobres de El Salvador.
Gracias a la ley de 1998 promovida y firmada por el partido ARENA, PCN y PDC, el personal del hospital se vio en la sospecha y la necesidad de llamar a la policía, tras observar el cuadro de sangre que presentaba Manuela. La ley anti-aborto en El Salvador es tan feroz que permite también la persecución criminal del personal médico si no reporta casos sospechosos de aborto como el que llevaba Manuela aquella tarde fatídica.
Manuela fue inmediatamente esposada a su cama y acusada de homicidio, tras la limpieza de las partes del feto descompuesto que llevaba en sus entrañas. La mera sospecha del personal médico de turno se materializó en un caso fácil para las autoridades con un dictamen exprés por parte del Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera. Nada pudo hacer Manuela en su defensa, en exponer la verdad, que la hemorragia durante su tercer embarazo no había sido causada por una acción deliberada por parte de la embarazada, sino por un cáncer linfático que padecía.
Manuela ya no existe. Pero en el gran libro de la historia, la judicial, Manuela figura como un criminal convicto a quien se le ha aplicado íntegramente todo el peso de la justicia para aliviar a una sociedad, que quiere sentirse limpia, del asesinato de un ser anónimo que Manuela llevaba en su barriga y a quien quiso haber traído al mundo, a toda honra de madre, y haber visto crecer junto a sus otros dos hermanos.
No pudo ser. El sistema salvadoreño es grosero y a veces puede ultimar, con eficiencia inusual, la vida de seres inocentes como la de Manuela y su querida criaturita.
Los que defienden la ley, gente de convicciones profundas, dicen que el aborto, en todas sus circunstancias (incesto, violaciones, enfermedad/peligro mortal para el bebé o la madre), es un crimen abominable y debe ser perseguido y penalizado con todo el peso de la ley.
Vistas la inflexibilidad de la ley y la incapacidad de la justicia local, ahora los familiares de Manuela buscan alivio para la víctima y sus familiares en la justicia regional. SUERTE.
(*José Manuel Ortiz Benítez es columnista salvadoreño en la ciudad de Washington, DC. Twitter: @jjmmortiz)