OPINION
La deuda pública de El Salvador
Por José Manuel Ortiz Benítez*
El mundo está organizado alrededor del sector fuerte, el dinero. Los bancos, las aseguradoras, y, sobre todo, las agencias calificadoras se organizan hasta los dientes para asegurarse que el dinero, por muy escaso que sea, goce de buena salud.
“El Salvador debe pagar puntualmente sus obligaciones de deuda para evitar la calificación basura,” le han dicho, más o menos, las calificadoras de deuda al gobierno de Sánchez Cerén, quien no ha dudado ni un momento en culpar a la oposición por la falta de acuerdo en el pago de la deuda vencida a las Agencias de los Fondos de Pensión (AFPs).
No hay que enfrentarse a los que administran el dinero, hay que condescender con ellos para sobrevivir, sobre todo en tiempos difíciles como los que vive El Salvador. Se necesita dinero a un tipo de interés bajo, pero eso no se consigue si la calificadoras dicen a los que prestan el dinero que el gobierno de El Salvador es mal pagador.
Pelearse con las agencias calificadoras equivale a pelearse con el cardiólogo antes de operarte del corazón.
A pesar de que a las agencias Fitch y Standard and Poor’s no les interesa si El Salvador gasta $10 millones al mes para alimentar a niños desnutridos en las escuelas, sino el pago puntual de la deuda a sus clientes, no es aconsejable abrir una guerra con ellas, porque puede resultar más caro, sobre todo, teniendo en cuenta que Venezuela ya no rescata países con problemas de pago de deuda como hacía Hugo Chávez en tiempos en los que el petróleo se vendía a $200 el barril.
Pero ¿cuál es realmente el problema de la deuda?
El problema puntual es que el Ministerio de Hacienda comandado por el banquero Carlos Cáceres, por alguna razón inexplicable, se le olvidó incluir en los presupuestos del estado el pago de los vencimientos de letras de 2017 a las AFPs. El resultado: un monto de $55 millones que, como no estaba en ningún lado, no se puede pagar, sobre todo, porque ahora ese pago, por ley, requiere de 56 votos en la Asamblea Legislativa que ARENA no quiere dar. Al contrario, ARENA quiere hacer ver al gobierno del FMLN como incompetente y sacar raja política.
El otro problema es el problema de siempre, que los partidos políticos gobiernan al país como una hacienda privada con el interés particular sobre el interés general.
A febrero de 2017, la deuda pública total de El Salvador era de $18,151 millones, cerca del 67% del producto interno bruto, una catástrofe macroeconómica, para los entendidos en economía.
El reparto del descalabro macroeconómico según el libro de Hacienda es de $10,387 millones adquiridos en la era de ARENA y $7,764 millones adquiridos en la era del FMLN.
El pago que hace el país sólo en los intereses de la deuda es más alto que cualquier otro rubro del gobierno. Es decir El Salvador gasta más en intereses ($900 millones va para intereses y gastos financieros) de la deuda pública que en educación, salud y vivienda juntas, un modelo de país insostenible.
Qué hacer ante esta situación? No tengo la más mínima idea. Pero mi estimado tocayo Don Manuel dice que “el gobierno, este o el que venga, tiene que gestionar más eficientemente los recursos financieros que tendrá a su disposición, aplicar aquel difícil principio que dice ‘hacer más con menos’, y adoptar como medida urgente lo que ha dicho un alcalde recientemente, ‘cuando no se roba’, la deuda basta.”
(*José Manuel Ortiz Benítez es columnista salvadoreño en la ciudad de Washington, DC. Twitter: @jjmmortiz)