OPINION SALVADOREÑOS
Los sobresueldos y el Fiscal General
Por José Manuel Ortiz Benítez*
Los nombres de las personas en los recibos de los sobresueldos supuestamente pagados por la Administración de Arena 2004-2009 son:
Rodrigo Ávila (Actual Diputado de ARENA): $5,000 Mensual; Margarita de Escobar (Actual Diputada de ARENA): $7,000 Mensual; Luis Cardenal (Presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP): $11,000 Mensual; Luis Mario Rodríguez (Ex secretario jurídico de la Presidencia) $11,000 Mensual; Darlyn Xiomara Meza, (Ex Ministra de Educación) $9,000 Mensual; Gerardo Suvillaga (Ex Director del Centro Nacional de Registros, CNR) $5,000 Mensual.
Federico Hernández (Ex Presidente de CONCULTURA) $1,500 Mensual; Albino Román Ortiz (Ex Presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA): $10,000 Mensual; Michelle Gallardo de Gutiérrez, (Ex viceministra de Medio Ambiente y de Turismo: $4,000 Mensual; Roberto Rubio (Director Ejecutivo de Fundación Nacional para el Desarrollo) $2,300 Mensual; Carmen Elisa de Callejas, Presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) $2,500 Mensual.
Conrado López Andreu (Ex Ministro de Gobernación), $10,000 Mensual; Eduardo Cálix López (Viceministro de Relaciones Exteriores) $5,000 Mensual; Jorge Nieto (Ex Ministro de Obras Públicas) $17,000 mensual; Carlos Rosales (Ex Secretario de Comunicaciones) $6,210 Mensual
David Escobar Galindo (Rector Universidad Matías Delgado) $4,600 Mensual.
José Rubén Rochi Parker (Ex Ministro de Turismo) $7,000; Eduardo Zablah-Touche (Ex ministro de Economía y Secretario Técnico de la Presidencia) $8,000; Francisco de Sola (Ex Presidente de Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social) $4,600; Yolanda Mayora de Gavidia (Ex Ministra de Economía) $7,000.
La suma de los presuntos sobresueldos a los 15 caballeros y las 5 demás arroja cerca de $150,000 mensuales, dinero del pueblo, pagado vía impuestos, con el que se podría haber mejorado escuelas, hospitales, calles, edificios públicos.
También pudo haberse usado para hacer centros de aprendizaje para enseñar algún oficio a nuestros jóvenes, para poner una fábrica de ladrillo, una pollería industrial, una panadería, un cafetín, una tintorería, una pescadería, cualquier idea productiva para dar empleo a 1, 30, 60, 100 o 1,000 salvadoreños.
Pudo haberse usado para dar 3,000 becas completas a los mejores estudiantes del país, durante las promociones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.
Pudo haberse usado para contratar servicio de analfabetismo, nutrición o educación básica para adultos en las zonas rurales del país que no tienen acceso a centros educativos.
Pudo haberse usado para llevar electricidad y agua a las zonas que todavía no tienen acceso a esos recursos indispensables para vivir.
Pudo haberse usado para hacer una fiesta con chumpipe y pan para 1,000 familias campesinas que todavía sufren de desnutrición en El Salvador. En un país de carencias infinitivas, pudo haberse usado para cualquier cosa digna.
Pero no fue así. Ese dinero, que se puede contar y sumar, fue a parar a las manos de gente brillante, gente experta, gente lista que necesitaba cobrar un sueldo más justo, a la altura de sus capacidades para que el resto de los salvadoreños pudiéramos tener un futuro más prometedor.
Y el Fiscal General dónde está? Ya tendría que haber metido preso a más de alguno.
No soy experto en lavado de dinero o malversación de fondos públicos, pero no veo en los sobresueldos un caso imposible. El historial de documentos de ingreso/egreso en los bancos, un rastreo de movimientos y transferencias, informe de los depósitos, una revisión minuciosa de las declaraciones patrimoniales, el historial de tarjetas de crédito, un testigo, los documentos internos de casa presidencial, Etc. Hay caso para llevar a los corruptos ante la justicia. Veremos si hay fiscal.
(*José Manuel Ortiz Benítez es columnista salvadoreño en la ciudad de Washington, DC. Twitter: @jjmmortiz)