A cuatro días para que finalice el periodo para el que fue electa la actual administración municipal de la cual estuvo al frente el alcalde Roberto D’aubuisson Munguía, se conoció que la encargada de licitaciones de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), de la alcaldía de Santa Tecla, Isabel Domínguez, aparentemente por órdenes del jefe de la UACI, Ronny Iraheta, estaría blindando al señor Nicolás Salume, propietario del botadero a cielo abierto en el cantón Melara, donde lugareños aseguran que atenta contra el medio ambiente y la salud de los lugareños.
De acuerdo con una denuncia presentada en el Juzgado Ambiental, la encargada de las licitaciones de la UACI de la alcaldía de Santa Tecla, Isabel Domínguez, por órdenes de Ronny Iraheta aprobaron un contrato para que se siga usando la estación de transferencia ubicada en la carretera a Los Chorros para hacer el transbordo de la basura hacia el botadero en el cantón Melara.
Sin embargo, se informó que dicha planta de transferencia está autorizada para recibir hasta 60 toneladas de basura por día, pero en la realidad la empresa Teclaseo que es la que recoge los desechos sólidos de Santa Tecla lleva a dichas instalaciones más de 250 toneladas diarias. Lo que demuestra un manejo de más del triple de los desechos autorizados.
Esto significa que los lixiviados que emana la basura están contaminando el único reservorio de agua que tiene Santa Tecla, poniendo en grave riesgo la salud y la vida de los habitantes del municipio.
En la referida denuncia que ya en está en la sede del Juzgado Ambiental se pide que además de ordenarse las medidas cautelares para proteger el medio ambiente y la salud de los tecleños, se instruya a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda penalmente contra Isabel Domínguez y Ronny Iraheta.
Las imputaciones son graves ya que no solo dejan a la nueva administración con las manos atadas contra un contrato que tiene signos de ser irregular, sino que también se contamina el medio ambiente y se pone en riesgo la vida de los tecleños que reciben el agua del pozo ubicado a unos 50 metros de la planta de transferencia cuya capacidad es excedida.
Siendo el único beneficiado económicamente el señor Nicolás Salume, quien no es la primera vez que se ve beneficiado de contrataciones opacas respecto al servicio de disposición final de desechos sólidos. Ya que durante el año 2018 se le adjudicó tal servicio para ser brindado en el botadero municipal del puerto de La Libertad a pesar de contar con permiso ambiental de funcionamiento para darle tratamiento a la basura del municipio tecleño
Lo que a criterio de abogados penalistas consultados por este medio, podría ser constitutivo del delito de estafa u otras prácticas de defraudación.
Recientemente la FGR ha librado ordenes de detención administrativa contra personal de UACI, alcaldes municipales y contratistas por el otorgamiento de adjudicaciones ilegales.