El Equipo de Defensa del empresario, Enrique Rais, reaccionó por los señalamientos tendenciosos que realizó el periodista Héctor Silva Ávalos usando documentos oficiales de una comunicación del Estado de El Salvador y un organismo de Naciones Unidas.
Desde el inicio del proceso en su contra, el empresario sostiene que ha sido víctima de una persecución, y ahora las aseveraciones temerarias, descontextualizando la realidad de los propios hechos que reflejan los documentos oficiales que manipuló Silva Ávalos.
Los abogados afirman que Rais ha sido víctima de una persecución penal comprobada a la luz del Derecho Internacional, especialmente con base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La decisión no se debe a una acción u omisión del Estado Salvadoreño.
La comunicación efectuada por “La Fuente” que se refirió al caso de la detención arbitraria de Enrique Rais, fue dirigida al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), el organismo con el principal mandato de establecer la existencia o no de una detención arbitraria. La información que se comparte con el GTDA es confidencial, por ello se le denomina únicamente como “La Fuente” y la procedente del Estado también lo es.
En ese sentido dicen que no tienen ningún problema que se transparente las gestiones del Estado, de hecho es lo que han exigido en el caso de Enrique Rais, lo que aceptan, es que se realicen aseveraciones temerarias, descontextualizando la realidad de los propios hechos que reflejan los documentos oficiales que presenta Héctor Silva Ávalos, lo que dista por cierto de ser muy ético y menos legal.
Los profesionales en derecho dicen que en la resolución del GTDA sobre el caso de Rais, en la página oficial de este organismo y también publicado por cancillería, el GTDA envió comunicación para que el Estado de El Salvador, informase sobre la situación de la detención sufrida por su cliente y los procesos penales en su contra, la cual fue recibida oficialmente el 30 de julio de 2020 y debía ser contestada por El Salvador, a más tardar el 28 de septiembre de 2020.
Señalan que Héctor Silva precisa en su tendenciosa publicación que el documento fue firmado por el Exfiscal Raúl Melara, con fecha 10 de septiembre de 2020, lo cual al no tener otro registro creíble no evidencia que lo haya sido firmado efectivamente en esa fecha. Lo que sí es inobjetable es que el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió de Fiscalía la respuesta sobre el caso del señor Rais, a fecha 10 de noviembre de 2020. Esto corrobora que fue la negligencia y el desmedro con el que se han visto las solicitudes de nuestro cliente en la FGR, que estuvo a cargo de Raúl Melara, que llevó a que El Salvador no contestara en tiempo, nada tuvo que ver en eso Cancillería a la luz de la propia información publicada por Héctor Silva.
Ante la ignorancia que parece tener Héctor Silva, en la tramitación de procedimientos especiales de Naciones Unidas, dicen que basta aclarar que con eso se pretenden revisar y reparar de forma eficaz y sin dilación alguna cualquier violación a derechos humanos, en este caso la libertad física de Rais. Por lo tanto, los plazos establecidos por estos organismos son precisos y perentorios, no como la dinámica institucional que previamente ha tenido El Salvador, donde tanto la exSala de lo Constitucional como el exFiscal Melara, resolvían mantener la ilegalidad con no contestar las peticiones debidamente fundadas.
Según los abogados, si Héctor Silva pretende cumplir con una labor de periodismo, debe revisar dentro de la Jurisprudencia del GTDA, la Opinión No. 25/2019 relativa a Ricardo Traad Porras (Panamá) donde le fue rechazada la respuesta al Estado de Panamá, en vista que fue presentada con posterioridad al vencimiento inicial del plazo, para responder (párr. 49). Esto significa que la negligencia del exfiscal Raúl Melara, no puede ser utilizada para tratar de ensuciar el derecho de Rais a gozar de forma plena del derecho a la libertad física que le ha sido violentado por la FGR (durante las administraciones de Douglas Meléndez y Raúl Melara), la exSala de lo Constitucional y otros jueces y Tribunales que también miraron a otro lado en lugar de hacer justicia.
De igual forma suponen que Héctor Silva asume que en la propia Fiscalía boicotearon la respuesta del exfiscal Melara, es decir, que la institución que contra viento y marea ha mantenido una acusación ilegal y arbitraria contra el Rais, de repente le “quiso hacer un favor”, esto llega al colmo del absurdo, sobre todo cuando la relación tendenciosa de hechos pretende acusar al Gobierno, por razones que cuestionan mucho el proceder de Héctor Silva, si esto lo pretende hacer como periodista y no como ciudadano. Por lo que respetan el derecho a la libertad de prensa, pero lo que no se vale es seguir dañando la reputación de una persona, especialmente cuando se trata de alguien que ha sido víctima del abuso del poder.
Consideran que Héctor Silva Ávalos asume, sin ser abogado, que la detención arbitraria contra Rais fue legal porque así lo dijo el exfiscal Raúl Melara, porque se basó en 116 pruebas documentales (muchos papeles inconexos a la investigación penal y otros prueba falsa), 51 testigos (testigos sin rostro y empleados de la FGR) 14 pericias (con información falsa que tuvo que ser así aceptada por los propios fiscales al ser descubiertos) y escuchas telefónicas (falsa declaración de Raúl Melara, ya que un juez de instrucción reconoció que no se contaba con autorización para esas escuchas). Para ilustración de Héctor Silva, la prueba a la que alude fue aportada por Rais y el GTDA determinó que esas pruebas no cumplen con los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Por tratarse de documentos oficiales con relación únicamente entre el Estado de El Salvador y Naciones Unidas, donde está involucrada la tutela y protección de derechos humanos de una persona, de que no existe justificación alguna para que los mismos hayan sido filtrados o entregados a terceros, precisamente por la “confidencialidad” que ellos tienen.
Finalmente dicen que tienen pruebas de que el documento fue intentado utilizar en una instancia penal por el abogado Mario Calderón Castillo y ahora aparece en las redes sociales de Héctor Silva Ávalos, por lo que desde ya solicitan a FGR que inicie de oficio una investigación contra las personas que filtraron institucionalmente este documento y contra toda persona que divulgue información oficial y confidencial, especialmente cuando El Salvador está en observancia internacional por el respeto al Estado de Derecho y a la protección de derechos humanos.