Este sábado se conoció que el Procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, emitió un recomendable para que se revise el caso del empresario Enrique Rais porque se le violentaron los derechos en un procedimiento ilegal que siguió la Fiscalía General de la República (FGR) administrada por el exfiscal general, Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz.
La resolución de Tobar va de la mano con una que emitió Naciones Unidas a favor del empresario Rais, que también declaró que se le violentaron sus derechos humanos al debido proceso legal, por inobservancia del principio de legalidad y seguridad jurídica, a la libertad personal, por detención ilegal; así como el incumplimiento a la Ley de Escuchas Telefónicas.
Según el abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de Enrique Rais, la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reitera lo previamente decidido por Naciones Unidas, que al conocer el caso de la persecución penal promovida con prueba ilegal, sobre todo con escuchas ilegales, en las que no existe autorización judicial para intervenir las comunicaciones del señor Rais, ni se capta ningún hecho irregular de éste, ni era sujeto de investigación, determinó que el empresario es víctima de abuso de poder y sufre una privación de libertad personal.
La denuncia por violación de derechos humanos en perjuicio del Rais fue interpuesta ante la PDDH, el 12 de octubre de 2016, contra las actuaciones ilegales cometidas por la Fiscalía General de la República, en ese momento dirigida por Douglas Meléndez, las cuales fueron materializadas por medio de los exdirectores del Centro de Escuchas, Froilán Coto y Sigfredo Campos Crespo; y por el exjefe y fiscales de la Unidad de Crimen Organizado.
Sin embargo, el caso no avanzaba en la PDDH porque el caso fue engavetado por la exprocuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, lo cual fue demostrado en la propia resolución del actual Procurador que manifiesta: “Cuando los abogados de los señores denunciantes comenzaron a presentar escritos solicitando el pronto despacho de esta investigación instruí de manera verbal que se ubicara el expediente, pero el mismo no se encontró en el trámite normal dentro del Sistema de Protección de Derechos Humanos; sino que con el tiempo fue encontrado en un mueble ubicado en una oficina que no está destinada al resguardo de expedientes(…)”.
De manera que tuvieron que pasar prácticamente cinco años para que se reconocieran las flagrantes violaciones a derechos humanos por parte de la PDDH. “Es hasta que llega Apolonio Tobar como Procurador, que como Defensa del señor Rais, nos informan del estado del expediente de investigación y posteriormente cuando Naciones Unidas declara que la privación de libertad sufrida por nuestro cliente es arbitraria y que infringe Pactos Internacionales que son leyes de El Salvador, la PDDH acatando la resolución internacional y dando cumplimiento a las obligaciones internacionales que tiene el país, viene a ratificar que la detención sufrida por Rais es ilegal y que las causas penales en su contra se basaron en escuchas telefónicas ilegales, que ni siquiera tienen relación con él, sino que eran de otras personas, escuchas que fueron alteradas, junto a otras pruebas con el objetivo de involucrar a Rais.
En la resolución que tiene fecha 28 de junio de 2021, pero que fue notificada hasta el pasado viernes 15 de los corrientes, la PDDH es categórica en afirmar que: “A la luz de la teoría de los derechos humanos -que va más allá de lo estrictamente legal-, se puede concluir que en el proceso penal, promovido en contra de los señores José Aquiles Enrique Rais López… ha existido la violación a los derechos humanos denunciada por sus Apoderados Generales Judiciales por haberse utilizado prueba -en contra de los imputados- que debió haberse destruido, tal como lo establece el artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.”
Con esta decisión la PDDH contribuye a la orden emitida por Naciones Unidas, en el sentido que para reparar las violaciones sufridas por Enrique Rais, en sus derechos humanos es fundamental que El Salvador adopte las medidas necesarias para remediar la situación del empresario, sin dilación alguna y ponerla de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, en su fallo la PDDH también reitera que la Fiscalía pretendió fundar las acusaciones contra Rais, con el uso de prueba ilegal.
La PDDH, además de establecer las vulneraciones sufridas por el señor Rais, en cuanto al debido proceso legal, a la libertad personal, al derecho a la privacidad y secretividad de las telecomunicaciones, reconoció como responsable de las afectaciones ocasionadas a Rais, al exfiscal general, Douglas Meléndez.
Se dijo que Enrique Rais fue víctima de una persecución penal que tenía un trasfondo comercial por sacarlo de sus negocios, principalmente los relacionados con la gestión de los desechos sólidos en Relleno Sanitario y que se fundamentó en pruebas ilegales y pruebas adulteradas.
Sin embargo, la PDDH, además de reconocer la responsabilidad de Meléndez en las infracciones de derechos humanos, requiere al actual titular del Ministerio Público, licenciado Rodolfo Delgado Montes, par que verifique, investigue y sancione las actuaciones de aquellos funcionarios al interior de la oficina fiscal, involucrados en los hechos que concluyeron en infracción de los derechos humanos de Enrique Rais.