La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó la reapertura del caso de la masacre de seis jesuitas y dos de sus colaboradoras, hecho cometido en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
La reapertura del caso fue posible porque la actual Sala de lo Constitucional invalidó una resolución de la Sala anterior emitida el 8 de septiembre de 2020, en proceso de casación 3CAS2019, donde se dice que de forma simultánea se admitieron indebidamente y se resolvieron inconstitucionalmente los recursos de casación interpuestos por la defensa de los militares involucrados, como también, todos los actos que se efectuaron con posterioridad a esa actuación, por lo que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la emisión de dicha providencia, según la resolución de los cinco actuales magistrados.
La actual Sala también declaró ha lugar la petición del fiscal general, Rodolfo Delgado, en contra de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque vulneró los derechos a la protección jurisdiccional en su manifestación de acceso a la jurisdicción y a conocer la verdad, por haber aplicado injustificada e inconstitucionalmente una causa extinción de la responsabilidad penal y se declara la nulidad de todo el proceso penal instruido contra las personas a quienes se les atribuye autoría o participación en el caso conocido como “Masacre de los Jesuitas”, reza el documento publicado en la cuenta de Twitter de la CSJ.
Los magistrados consideraron que eso devino en una obstaculización a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general del acceso al órgano jurisdiccional para que este se pronunciara sobre su pretensión y, por ello, no han sido posibles la justicia ni la posterior reparación integral.
Los procesados son, el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, el exministro de la Defensa, René Humberto Larios; el exviceministro de la Defensa, Juan Orlando Zepeda; el exviceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; el exjefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce; el exjefe de la primera Brigada de Infantería, Elena fuentes; comandante de la Fuerza Aérea de El Salvador, el general Rafael Bustillo y Guillermo Alfredo Benavides, exdirector de la Escuela Militar.
Los asesinados son: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Armando López, todos de origen español y el salvadoreño Joaquín López y López. Con ellos también mataron a Elba Ramos y a su hija, Celina Ramos, de 16 años.
La masacre fue cometida en medio de la ofensiva que la exguerrilla realizó en todo El Salvador en noviembre de 1989. Los miembros de la UCA fueron asesinados el 16 de noviembre de ese año.