En la reciente sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, los diputados de algunas fracciones políticas votaron por aprobar un pronunciamiento público tras haberse alcanzado en el país 365 días sin homicidios durante la administración del presidente de la República, Nayib Bukele Ortez.
Los operativos policiales han permitido que los salvadoreños vivan con seguridad en sus comunidades, barrios y colonias, luego que más de 67,000 miembros de pandillas fueran capturados por medio del régimen de excepción, lo que ha permitido dinamizar la economía por medio del turismo y otros rubros que estaba deprimidos por las políticas que siguieron los gobiernos de ARENA y del FMLN.
Al llegar al primer año sin asesinatos en todo El Salvador, el subjefe de la bancada de nuevas y diputado del departamento de San Miguel, Caleb Neftalí Navarro Rivera, recordó que “en tiempos del FMLN comenzaron a aumentar los homicidios porque esa era la negociación que hacía ese gobierno inepto. Tenían una tregua con las pandillas para darles privilegios a sus cabecillas dentro y fuera de las cárceles”.
El camino para llegar a esta cifra no ha sido fácil, dijo Navarro Rivera, debido a que la anterior legislatura se opuso a dotar de recursos al Ejecutivo para implementar sus planes de seguridad contra los grupos delincuenciales organizados que operaban a placer en todo el país.
En esa misma línea, Jorge Castro diputado cyan por el departamento de Santa Ana, agregó que son 365 días con cero homicidios y que el trabajo pareciera simple, pero no lo es. “En los gobiernos de ARENA y FMLN la situación era distinta, ya que tener un año sin asesinatos era impensable porque el país estaba sumergido en la violencia”.
Castro, aseguró que vale la pena luchar para que El Salvador siga libre de violencia, para que sus ciudadanos puedan vivir en paz.
Sin embargo, los partidos de oposición al Gobierno de Nayib Bukele Ortez siguen en contra de la política de seguridad pública que mantiene a raya a los delincuentes, en especial a los miembros de todas las clicas que en el pasado operaron con impunidad en El Salvador y se pronuncian en contra del régimen de excepción.