Esta semana el Ministerio de Trabajo inició un proceso de verificación con las empresas de seguridad privada, para comprobar si cumplen con los derechos laborales que por años han sido negados a hombres y mujeres que en ocasiones deben cumplir su responsabilidad en condiciones inhumanas, con largas jornadas de trabajo y sin la remuneración que merecen.
Desde que llegó Rolando Castro al Ministerio de Trabajo, a sido una de sus luchas velar por el bienestar de los empleados del rubro de seguridad privada, cuyas empresas en su mayoría están en manos de exmilitares y por personas que estuvieron ligadas con el partido ARENA.
Si bien Castro presentó una iniciativa en la Asamblea Legislativa para llevar justicia a los empleados de seguridad privada, el documento aún se encuentra en estudio en la comisión de trabajo que es liderada por el diputado Edgardo Mulato, del partido Nuevas Ideas y según se percibe, la propuesta tendrá que ser estudiada por la legislatura del 2024.
En ese sentido, el funcionario dijo en redes sociales: “Algunos propietarios de las empresas de seguridad dijeron, así quedó esto ya. También algunos trabajadores y políticos pensaron y dijeron lo mismo, pero es todo lo contrario porque va a terminar hasta que se haga justicia”.
“Este rubro es complicado, nació como una opción ante el sangriento y problema de inseguridad que atravesaba el país, por lo que nació con poder político. Muchos de ellos exmilitares, excombatientes (personas de armas) que muchas veces intimidan”, explicó Rolando Castro.
Según el ministro, la respuesta es simple y sencilla, porque las empresas de seguridad en El Salvador deberán cumplir con la ley, “el Ministerio de Trabajo no tiene ni dará opciones, la única opción es: Cumplir la ley”, recalcó.
“Estaré publicando cada inspección y nombre de la empresa examinada, además de sus hallazgos encontrados. Nuestros inspectores garantizarán que no se quedará ni una empresa de seguridad en el país, sin que sea visitada, sin importar quienes sean sus dueños o propietarios. Hemos asignado los recursos que nuestro Ministerio tiene para garantizar llevar justicia a los trabajadores de estas empresas”, aseveró Castro.
Finalizó diciendo: “De igual forma aquellas instituciones del estado que contraten estas empresas deberán garantizar el estricto cumplimiento a la normativa laboral vigente, caso contrario de forma subsidiaria también tendrán responsabilidad legal con las infracciones cometidas y que es contemplado por la ley”.