La Superintendencia de Competencia impuso sanciones a empresas de transporte internacional de carga terrestre por acordar la fijación de precios de los fletes para el transporte de mercancías, una práctica anticompetitiva que causó daños en este mercado, limitando las opciones de las empresas importadoras y exportadoras, y generando costos indebidos a los consumidores.
Aunque se trata de dos empresas multadas, en el análisis del caso se valoró el alcance de los daños que tuvo la práctica, dado que los infractores promovieron el acuerdo de adoptar precios establecidos entre considerable porcentaje del sector, valiéndose de sus cargos en una asociación y divulgando dicha práctica hasta en medios de comunicación masiva.
Las empresas sancionadas son APAL S.A. de C.V. y Transportes El Ángel, con una multa de 100,375.00 a cada una, por comprobarse el cometimiento de la práctica prohibida en el art. 25 de la Ley de Competencia.
En la investigación, la SC pudo comprobar que el acuerdo de fijación de precios ha estado vigente desde octubre de 2020 hasta la fecha, por lo que con la resolución sancionatoria se pide además de pagar la multa impuesta, el cese de la práctica para no seguir afectando a empresas y consumidores.
La sanción se calculó tomando en consideración criterios como la capacidad económica de los agentes sancionados y la gravedad de la infracción, es decir, el daño causado y la participación de los infractores en este.
Al respecto, el Superintendente de Competencia, Gerardo Henríquez afirmó que “en un momento post pandemia, con crisis internacionales e inflación mundial, estas prácticas son intolerables para el Gobierno de El Salvador, ya que se traducen en aumento de costos para las empresas y también una afectación a los salvadoreños como consumidores de las mercancías transportadas por el sector”.
El transporte internacional de carga terrestre permite la movilización de todo tipo de bienes, las empresas exportadoras e importadores requieren de este servicio, que se plantea como un actor clave de la economía nacional, considerando además que la región centroamericana es el principal socio comercial de El Salvador.
La SC reafirma su compromiso con la defensa de la sana competencia, mediante investigaciones y sanciones que marcan precedentes, contribuyendo a tener mercados eficientes donde empresas nacionales y potenciales inversionistas puedan operar con seguridad jurídica, en igualdad de condiciones y sin afectar la economía de las familias salvadoreñas.