Los números rojos de la UES

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Fredis Pereira, máster en Administración y Gerencia Pública.

Por: Fredis Pereira, máster en administración y gerencia Pública

Las autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) han logrado mantener en bancarrota a la institución. Esto lo han logrado con sus amaños reiterados, las decisiones sin fundamentación técnica, y la elusión al debido análisis deliberativo en la toma de decisión de los órganos del gobierno universitario; al grado de que han sido capaces de comprometer recursos inexistentes, para sostener unidades administrativas que funcionan de manera irregular, por haber faltado al procedimiento de creación conforme a la legislación.

Las autoridades han quebrantado el principio de equilibrio presupuestario en el ejercicio de la autonomía. Cada vez que el rector de la universidad dice en los medios de comunicación que no puede pagar a los proveedores, surgen preguntas: ¿Cómo se comprometió a pagar sin contar con los recursos para el pago? ¿Es que olvidan que no pueden comprometer recursos con los que no cuentan? Pero esto se explica por la deficiencia en el manejo de la información financiera, que no les permite conocer el estado de los recursos con los que cuenta la institución, y porque toman decisiones sin siquiera leer antes de aprobar los gastos. Esto hacen a pesar de contar con suficientes expertos entre los tomadores de decisiones.

La situación caótica en términos financieros se mantiene por rehusarse a la transformación digital. Ahora existe una aplicación informática del Sistema de Administración Financiera Integrada, que facilita la gestión financiera y que permite conocer con mayor precisión las disponibilidades de recursos. Pero la implementación de esta aplicación informática es temida entre las autoridades universitarias, porque la conciben como una amenaza a la autonomía y porque permitiría un mayor control por parte del Ministerio de Hacienda. Se les olvida que la Constitución establece que la dirección de las finanzas públicas le corresponde al Órgano Ejecutivo, y para eso requiere el acceso irrestricto a la información de la ejecución presupuestaría en todas las instituciones del Estado.

Un caso ejemplificante de la bancarrota de la UES lo representa la existencia y funcionamiento irregular del Fondo Universitario de Protección (FUP), cuyo representante legal es el rector. Los antecedente de este entuerto administrativo datan de la década de los años ochenta, y nace por un acuerdo irregular del Consejo Superior Universitario de la UES, tomado en la sesión ordinaria celebrada el 7 de octubre de 1987, con el que crea el Fondo de Protección y de Bienestar Social para el Trabajador Universitario, y que iniciaría el uno de octubre de 1987, sin que hubiera realizado un estudio de factibilidad previo, sin un reglamento de organización y funcionamiento, y sin contar con la habilitación legal para tomar ese tipo de acuerdos.

El nacimiento del FUP impone una carga imposible de sostener para las finanzas universitarias. Primero porque se establece un descuento al salario, que solo puede ser viable por decreto legislativo, porque un descuento al salario es una limitación al derecho de propiedad consagrado en la Constitución. Segundo, porque al carecer de un estudio de factibilidad, les ha impedido a las autoridades universitarias convencer a los diversos gobiernos de El Salvador, el destinar recursos en el presupuesto de la UES para financiar 1.5% sobre las remuneraciones que le corresponde aportar a la universidad para que funcione el FUP.

La bancarrota se profundiza por la gestión al margen de la ley del FUP. El informe IA-284-FINAL/2023, ha advertido a las autoridades universitarias sobre el manejo irregular del FUP, pero al parecer no convencidos con su contenido, después de recibir un dictamen de la Comisión Administrativa Financiera del Consejo Superior Universitario, el 23 de mayo de 2024, acordó crear una comisión especial integrada por profesionales de las finanzas, y del derecho mercantil y administrativo. Esta comisión rindió informes más profundos sobre el caos administrativo y les recordó a las autoridades que el Consejo Superior Universitario es responsable de la situación. ¿Quién sacará de la bancarrota a la UES?.