Con 57 votos de los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador, aprobaron este lunes 23 de diciembre, la creación de la Ley General de la Minería Metálica.
La normativa consta de 35 artículos y tiene por objeto la regulación de todos los aspectos relativos con las acciones del Estado en cuanto a la exploración, explotación, extracción, procesamiento y comercialización de actividades de las mineras metálicas.
Con esta aprobación, nuevamente implementan en el país esta actividad calificada como una de las más antiguas de la humanidad, luego de que en marzo de 2017 se creara la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.
“Lo anterior limitaba la posibilidad de hacer uso de los recursos de la nación para el desarrollo económico e integral de los salvadoreños”, dice el texto de un comunicado de prensa del congreso.
Esta nación tiene potencialmente depósitos de oro, debido a que se ubica en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas más ricas en recursos minerales gracias a su actividad volcánica: habría depósito de litio, cobalto, níquel, que sirven para hacer baterías de almacenamiento de energía renovables.
Anteriormente, se expandió de la minería artesanal a la minería industrial en una mina en San Sebastián en la década de 1970.
Estudios realizados por empresas extranjeras determinaron que en solo el 4% del área con potencial de extracción minera se identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en $131,565 millones.
Por otro lado, al implementar esta actividad será protegiendo el medio ambiente, garantizando la extracción mineral de forma sostenible, mediante la aplicación de buenas prácticas, como el uso de tecnologías limpias, certificaciones, economía circular y compensación ambiental.
EL ANÁLISIS
La diputada Elisa Rosales explicó que la nueva normativa reduce el alcance y establece que el Estado será el único habilitado para la exploración, explotación, extracción y procesamiento de los recursos productos de la minería metálica.
“Como país no queremos que se comentan los errores del pasado donde este tipo de actividades quedan a discreción de empresas que buscaban el lucro y que no veían el bienestar del pueblo”, aseguró la legisladora.
Enfatizó en que la actividad minera va a generar empleos, desarrollo y dinero para invertir en políticas públicas y el desarrollo del país.
“El Salvador tiene los depósitos de oro de mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo. Estudios revelan que el 4 % del área potencialmente identificada tiene 50 millones de onzas de oro, lo que se traduce en $131,565 millones, equivalente al 380 % del Producto Interno Bruto”, expresó Rosales.
La funcionaria añadió que en la actualidad ya hay prácticas mineras amigables con el medio ambiente y que generan el menor daño posible de los recursos naturales.
Su compañero de fracción, Edgardo Mulato, sostuvo que el eje central de esta ley es el respeto al medio ambiente a través de instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, la Autoridad Salvadoreña del Agua y la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas Vamos a emprender un proyecto vital para los salvadoreños.
Mientras que el diputado William Soriano expresó que el milagro económico que busca el Gobierno del Presidente Bukele para el país tiene diferentes aristas y una de ellas es fortalecer diferentes industrias que utilicen otros vectores de la economía.
Agregó que por cada dólar invertido en minería se generan dos o cuatro dólares en beneficio del país. “El Salvador se encuentra en pleno crecimiento económico y debemos de dotar de herramientas para que este crecimiento se vuelva exponencial en ese sentido la minería nos permitirá incrementar las exportaciones del país”, manifestó Soriano.
LAS ENTIDADES QUE REGULARÁN LA LEY
De acuerdo al proyecto de la Ley General de la Minería Metálica, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), a través de la Dirección de Minas (DM), es la autoridad competente para conocer de las actividades mineras metálicas y de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la normativa.
Además, en su artículo 2 explica que será la DGEHM la encargada de la regulación de las actividades previas a la explotación minera.
Esto incluye la autorización de los estudios de reconocimiento superficial y otras necesarias para el correcto desarrollo de las actividades exploratorias, así como de la operación de plantas de procesamiento de minerales metálicos y la movilización de materia prima extraída o procesada.
Además, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) serán los entes encargados de la vigilancia y cumplimiento de las condiciones medioambientales y de preservación del recurso hídrico derivadas de las actividades mineras metálicas.
OPINIONES DE LOS CIUDADANOS
El Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) llevó a cabo en el mes de diciembre un amplio estudio de opinión pública a nivel nacional en el que, además de explorar las valoraciones ciudadanas sobre el país al cierre del año 2024, se indagó la opinión de la población sobre la minería metálica.
Este estudio fue realizado entre el 5 y el 17 de diciembre del año 2024. Para esta investigación académica, la muestra fue diseñada de tal forma que reflejase lo más fielmente posible la totalidad de la población adulta salvadoreña que reside en el país.
La muestra final fue de 1,266 entrevistas y tuvo un margen de error de más o menos 2.75% y un 95% de nivel de confianza. El levantamiento de la información de este estudio de opinión se realizó de forma presencial, con visita directa a la vivienda de los encuestados. La encuesta tuvo alcance nacional y se visitaron los 14 departamentos del país.
Este documento sintetiza los principales resultados de la opinión ciudadana sobre el medio ambiente, las condiciones de acceso a agua potable en sus residencias, así como su opinión general sobre la minería metálica.
PERCEPCIONES CIUDADANAS SOBRE LA MINERÍA METÁLICA
Para conocer las percepciones ciudadanas sobre la minería metálica en El Salvador se consultó a la población salvadoreña si consideran que el país es o no apropiado para hacer minería metálica. El 59.2% de la población respondió que consideran que El Salvador no es apropiado para hacer minería metálica, un 23% dijo que sí, el 16.7% indicó que no sabía si el país era apropiado para la instalación de esta industria extractiva y un 1.1% prefirió no responder a esta interrogante.
También, se le consultó a la población cuál creía que sería el principal impacto de la minería metálica sobre el medio ambiente. Solo un 1.7% señaló que esta industria no tendría ningún tipo de impacto en el medio ambiente.
Además, apenas un 1.2% mencionó que no habría impacto si se hacía bien. Sin embargo, casi 7 de cada 10 salvadoreños mencionó un impacto negativo, como: la contaminación de las fuentes de agua (29.9%), la contaminación de la tierra (3%), la contaminación del aire (2.5%), la contaminación general del medio ambiente (15.6%).
La deforestación (7.7%), el deterioro de la superficie de los suelos (1.3%), la destrucción de la flora y fauna en el país por la contaminación (1.3%) y el aumento de enfermedades en la población (3.6%), entre otros.
El 60.6% considera que, en caso de aprobarse la minería metálica en El Salvador, será el Gobierno quien recibirá la mayor parte de la riqueza generada por esta actividad; un 32.4% piensa que serán las empresas quienes recibirán la mayor parte de la riqueza generada y apenas un 2.7% cree que serán los trabajadores y una proporción todavía más pequeña opinó que sería la población quien reciba esos beneficios (0.6%) y porcentajes menores indicaron otras respuestas.
RESUMEN DE LA ENCUESTA
Esta encuesta confirma lo que estudios previos realizados por el Iudop de la UCA en materia de minería y agua han revelado: la población salvadoreña tiene importantes reservas sobre la implementación de la minería metálica en el país y, en su mayoría, considera que el país se enfrenta a una crisis hídrica que afecta principalmente a las mayorías más vulnerables.
La opinión de la mayoría de la población salvadoreña es clara al identificar impactos especialmente nocivos para la población y el medio ambiente ante la posible incursión minera anunciada por el Ejecutivo a finales del pasado mes de noviembre.
Además, a pesar de que en el país existe una necesidad de fuentes de empleo a nivel nacional, de forma casi unánime la población expresa su desinterés por trabajar en una mina.