En Washington D.C., un juez federal escuchó el lunes los argumentos de un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos luego de que el Gobierno de Trump desafiara la medida cautelar dictada el sábado por el juez que ordenaba el retorno de dos vuelos con destino a El Salvador que transportaban ciudadanos venezolanos deportados.
El juez también disponía la cancelación de un tercer vuelo que despegó después de emitida la orden. Durante un tenso intercambio, el abogado del Departamento de Justicia se negó varias veces a responder muchas de las preguntas formuladas por el juez James Boasberg, alegando que no estaba “autorizado” a hacerlo.
La demanda al respecto había sido presentada por la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles. Tras la audiencia del lunes, Lee Gelernt, abogado de la organización, calificó la situación de “crisis constitucional”.
Lee Gelernt: “A esta altura, el Gobierno [estadounidense] da la impresión de acudir al tribunal solo para argumentar que un tribunal federal no tiene facultades para revisar las pruebas ni frenar sus decisiones, al tiempo que sus funcionarios critican públicamente a los jueces federales y afirman que no tienen autoridad. Creo que Estados Unidos está entrando así en un terreno peligroso”.
El juez Boasberg estableció el mediodía de este martes como fecha límite para que el Departamento de Justicia proporcionara más información sobre los vuelos de deportación, incluyendo cuántas personas considera que están cubiertas por la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación promulgada en 1798 que el Gobierno de Trump invocó para justificar las deportaciones.
El Departamento de Justicia está ahora intentando retirar al juez Boasberg del caso por completo. El llamado “zar de la frontera” del Gobierno de Trump, Tom Homan, dijo al canal Fox News que el juez no tenía autoridad para ordenar el retorno de los vuelos de deportación porque estos estaban sobre aguas internacionales cuando emitió su orden por escrito.
Homan añadió al respecto: “No me importa lo que piensen los jueces”. Mientras tanto, el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller afirmó falsamente a la cadena de noticias CNN que el Gobierno de Trump tiene el derecho de violar las órdenes judiciales con las que no está de acuerdo.
Stephen Miller: “Esperamos que la Corte Suprema de Estados Unidos confirme lo que siempre ha sido el caso: que las decisiones del presidente en su rol de comandante en jefe no están sujetas a revisión judicial.
[…] ¿Cómo vamos a expulsar de nuestro país a los invasores inmigrantes ilegales que están violando niñas, que están asesinando niñas, si cada deportación tiene que ser evaluada por un juez federal de distrito? Eso significa que no tenemos país, que nuestro país no es soberano. Significa que no tenemos futuro”. (Democracy Now)
