Por medio de órdenes administrativas giradas por la Fiscalía General de la República (FGR), efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) procedieron a capturar a doce individuos que integraban una estructura criminal dedicada a estafas mediante conexiones ilegales al sistema de agua potable y que eran empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
En la acusación se detalla, que los empleados de la ANDA se aprovechaban de sus cargos para engañar a personas que urgían de agua potable. Un contratista servía de enlace entre la víctima y los empleados de ANDA. Ellos ofrecían conexiones y legalizaciones del servicio a cambio de pagos que oscilaban entre los $1,000 y $3,000 dólares, todo de forma fraudulenta.
Esta estructura operaba principalmente en el occidente y oriente del país, afectando directamente a más de 200 víctimas, muchas de ellas familias trabajadoras que buscaban regularizar su servicio. Además, sus acciones ilegales perjudicaban la distribución del agua potable a usuarios que sí seguían los procesos establecidos.
Entre los capturados se encuentra José Élmer Umaña Ibarra, Marlon Ernesto Guzmán Mendoza, Carlos José Medina Vargas, Óscar Armando Linares Rivas, Ever Iván Orellana García, Rosa Idalia Pérez de Barahona, Carlos Mauricio Nolasco Menjívar, Jenny Elizabeth Pubil Chamul, Eldin Joel Portillo Aguilar, Mario Ernesto Cristales Hernández, Abel Ángel Rodríguez Chávez y Yanira Yaneth García de Rodríguez.
Se explicó que las investigaciones se realizaban desde marzo de 2024, ya que ellos ofertaban de forma ilegal conexión de nuevos servicios, instalación de medidores y legalización de instalaciones antiguas.
ANDA y la Fiscalía General de la República (FGR), determinaron que sus acciones no solo representaban un lucro personal a costa de las víctimas, sino que también, ponían en riesgo la sostenibilidad del sistema de distribución de agua potable en determinadas zonas del país.
En ese sentido, ellos son acusados por los delitos de estafa agravada, fraude de servicios de energía o fluidos, cohecho propio, cohecho activo y por agrupaciones ilícitas.
La FGR determina que no va a tolerar que empleados públicos corruptos, jueguen con las necesidades básicas de la población y tendrán que enfrentar todo el peso de la ley.
