En las últimas semanas, las redes sociales y algunos espacios políticos en Estados Unidos han reavivado una pregunta que parecía impensable: ¿existe un movimiento serio para eliminar el derecho al voto de las mujeres? La respuesta corta es no.
Aunque algunas figuras públicas, comentaristas y grupos minoritarios han planteado esa idea o han cuestionado el sufragio universal, no existe actualmente una propuesta legislativa viable en el Congreso para derogar el derecho constitucional de las mujeres a votar.
Lo que sí existe es un debate más amplio sobre nuevas restricciones al acceso al voto y sobre el futuro de la legislación electoral estadounidense.
La discusión cobró fuerza después de que algunos comentaristas conservadores y participantes de conferencias políticas expresaran que preferirían limitar el voto o regresar a sistemas de representación por familia u hogar, donde solo una persona votaría. Estas declaraciones recibieron amplia difusión en redes sociales, aunque no representan una política oficial del gobierno federal ni de los principales partidos políticos.
Paralelamente, el Congreso ha debatido iniciativas como el SAVE Act (Safeguard American Voter Eligibility Act) y su versión más reciente, el SAVE America Act, que buscan exigir prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante en elecciones federales.
Sus promotores sostienen que la medida fortalece la integridad electoral, mientras que organizaciones de derechos civiles advierten que podría dificultar el registro de millones de ciudadanos elegibles, especialmente mujeres casadas cuyos apellidos no coinciden con sus certificados de nacimiento, además de otros grupos vulnerables.
Es importante distinguir ambos debates: una cosa es discutir nuevas reglas para registrarse para votar y otra muy distinta eliminar el derecho constitucional al voto de las mujeres.
Las mujeres estadounidenses obtuvieron el derecho al voto a nivel nacional mediante la 19.ª Enmienda de la Constitución, ratificada el 18 de agosto de 1920, después de más de siete décadas de movilización del movimiento sufragista.
La enmienda establece: “El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado o limitado por los Estados Unidos o por ningún Estado por razón de sexo.”
Entre las principales líderes del movimiento destacaron Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, Ida B. Wells, Alice Paul y Carrie Chapman Catt.
Sin embargo, la aprobación de la enmienda no garantizó inmediatamente el voto para todas las mujeres. Durante décadas, muchas mujeres afroamericanas, indígenas, latinas y asiático-americanas continuaron enfrentando barreras legales y discriminatorias hasta la aprobación de leyes posteriores, especialmente la Voting Rights Act de 1965.
¿CÓMO VOTAN LAS MUJERES EN EE.UU.?
Las mujeres constituyen uno de los grupos electorales más importantes del país. Diversos estudios del Centro para la Información e Investigación sobre Aprendizaje y Participación Cívica (CIRCLE), del Census Bureau y del Pew Research Center muestran tendencias consistentes: Las mujeres representan aproximadamente el 52 % del electorado estadounidense.
Históricamente participan en las elecciones en porcentajes iguales o superiores a los hombres. Desde la década de 1980 existe una diferencia conocida como el “gender gap”, según la cual mujeres y hombres tienden a favorecer opciones políticas distintas en determinados temas como salud, educación, derechos reproductivos y políticas sociales.
En las elecciones presidenciales recientes, millones más de mujeres que hombres acudieron a votar, tanto en números absolutos como en porcentaje de participación.
¿SERÍA POSIBLE ELIMINAR EL VOTO FEMENINO?
Desde el punto de vista jurídico, la posibilidad es extremadamente remota.
Eliminar el derecho al voto de las mujeres requeriría: Derogar o modificar la 19.ª Enmienda. Aprobar una nueva enmienda constitucional con el voto de dos tercios de ambas cámaras del Congreso. Obtener posteriormente la ratificación de tres cuartas partes de los estados (38 de 50). Ese proceso constituye uno de los procedimientos legislativos más difíciles del sistema constitucional estadounidense y no existe actualmente un consenso político que lo haga viable.
EL VERDADERO DEBATE: ACCESO AL VOTO
Aunque no existe un proyecto serio para retirar el sufragio femenino, organizaciones de derechos civiles sí expresan preocupación por propuestas que podrían restringir el acceso al voto.
Los defensores del SAVE Act sostienen que exigir prueba documental de ciudadanía protege las elecciones frente al voto ilegal, que consideran un riesgo para la confianza pública.
Sus críticos responden que el voto de personas no ciudadanas es extremadamente infrecuente y que nuevas exigencias documentales podrían afectar desproporcionadamente a ciudadanos elegibles que no cuentan con pasaporte, certificado de nacimiento fácilmente accesible o documentos actualizados tras cambios de apellido por matrimonio.
DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVA INTERNACIONAL
El derecho al sufragio es reconocido internacionalmente como un derecho humano fundamental.
Instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país mediante elecciones libres y periódicas, sin discriminación por razón de sexo.
En ese contexto, cualquier intento de restringir el voto exclusivamente por ser mujer sería incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
La afirmación de que Estados Unidos está a punto de eliminar el derecho al voto de las mujeres no está respaldada por la evidencia disponible. Si bien algunas voces aisladas han promovido esa idea y el debate ha ganado notoriedad en redes sociales, no existe actualmente una iniciativa legislativa con posibilidades reales de derogar la 19.ª Enmienda.
Lo que sí constituye un debate político y jurídico vigente es la discusión sobre nuevas reglas para el registro de votantes y el equilibrio entre la seguridad electoral y el acceso al sufragio. Ese debate continuará siendo objeto de análisis por tribunales, legisladores y organizaciones defensoras de los derechos civiles en los próximos años.