ESTADOS UNIDOS
Édgar Tamayo fue ejecutado este miércoles 22 de enero en Texas, pero la pena capital es legal en otros 31 estados. Más de 3,000 prisioneros esperan la ejecución en el país norteamericano.
Connecticut, Maryland y Nuevo México abolieron la pena de muerte, pero la abolición no es retroactiva. Los presos que se encuentran en el “pabellón de la muerte” en esos estados serán ejecutados.
Desde 1976, año en que la Suprema Corte de Estados Unidos reimplantó la pena de muerte, se ha ejecutado a 1,362 personas (hasta enero de 2014). Japón es la única democracia industrializada además de Estados Unidos en la que se contempla la pena capital.
El gobierno y las fuerzas armadas de Estados Unidos cuentan con aproximadamente 63 personas en espera de ejecución (hasta enero de 2014). El gobierno estadounidense ha ejecutado a tres personas desde 1976 hasta enero de 2014. En cuanto al género, hay 61 mujeres condenadas a muerte y se ha ejecutado a 13 mujeres desde 1976.
Gracias al caso Roper vs. Simmons, la Suprema Corte falló en 2005 que es inconstitucional la ejecución de menores de edad. Esto significa que los jóvenes de 16 y 17 años no son candidatos a ejecución. Entre 1976 y 2005 se ejecutó a 22 menores de edad de entre esas edades.
Se ha concedido clemencia en 273 ocasiones en Estados Unidos desde 1976. En el caso de los presos del “pabellón de la muerte”, solo el presidente tiene la facultad de otorgar el perdón.
Mexicanos son la mayoría de los extranjeros condenados a muerte en EU
Tras la ejecución de Édgar Tamayo este miércoles, otros 60 mexicanos aguardan en el corredor de la muerte de Estados Unidos. Se trata de la nacionalidad extranjera más numerosa condenada a la pena capital en el país norteamericano.
A México siguen: Cuba (10), Vietnam (9), El Salvador (8), Honduras (6) y Camboya (5), como los países de origen de más condenados a muerte, según datos publicados por Death Penalty Information Center, la organización con las estadísticas más completas sobre la pena de muerte con sede en Washington D.C. y que el 2 de julio de 2013 publicó su último reporte a través de Human Rights Research, una consultora independiente.
Ramiro Hernández es el siguiente mexicano que espera en el mismo pasillo en el que estuvo por más de cinco años Edgar Tamayo. La ejecución del originario de Tamaulipas está programada para el próximo 9 de abril, de acuerdo con los datos oficiales del Departamento de Justicia de Texas. Hernández fue detenido y sentenciado a cuatro años de prisión cuando tenía 30 años de edad, en 2000, por asesinar a Glen Lich, su jefe de 49 años y violar a su esposa, Lera Lich, en Kerville, Texas. Mientras estaba encarcelado, acuchilló a una celadora que lo trasladaba a otra celda. El ataque ocasionó la muerte de ella, razón por la que fue sentenciado a pena de muerte.
En 2001, la abogada Naomi E. Terr se sumó a la defensa del caso y viajó a Nuevo Laredo, en donde descubrió que Hernández había crecido en condiciones precarias, de acuerdo con un reporte de la escuela de leyes de la Universidad Cornell. “Hernández Llanas comenzó a ayudar a su familia a recoger basura cuando tenía cuatro años de edad. Dejó la escuela en tercer año. Ellos vivían en un lugar hecho de cáscaras de fruta y almacenaban el agua en los barriles de la estación de gas. La familia comía la comida que encontraba entre la basura y Hernández sufrió abuso severo”, señala el mismo reporte.
Luego de una investigación, la abogada se percató de que el mexicano tenía un severo retraso mental, que también fue el argumento usado en el caso Tamayo. En Estados Unidos existe una polémica sobre las ejecuciones contra personas con discapacidad mental, porque si bien la Corte Suprema prohibió ese tipo de sentencias, no hay un criterio único para definir cuándo se considerará que una persona padece esa condición, dijo Antonio Ginatta, representante de Human Rights Watch (HRW).
Desde 1976, ocho mexicanos han muerto en EU a causa de la pena de muerte. En 2004, el gobierno mexicano demandó al estadounidense ante la Corte Internacional de Justicia por violar los acuerdos de la Convención de Viena, en donde se establece que los países firmantes se comprometen a notificar al consulado apropiado cada vez que un extranjero sea procesado por algún delito. (Fuente: CNN)