Armas del ejército salvadoreño venidas a civiles

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trafico-de-armasEL SALVADOR

Un asesor del Ministerio de Defensa confesará ante el juez que vendió fusiles propiedad de la Fuerza Armada para, posteriormente, solicitar al juez que le imponga la pena menor de cárcel para cada delito del que se le acusa, informaron fuentes judiciales.

José Arístides Figueroa, asesor de la Dirección de Logística de la Fuerza Armada, enfrenta cargos por los delitos de actos arbitrarios, comercio ilegal y depósito de armas y estafa en perjuicio de la entidad militar.

Junto al asesor fueron detenidos y acusados por los mismos delitos el coronel de baja Salvador Alberto González y el odontólogo José García. De acuerdo a la acusación fiscal, los hombres se valieron de sus puestos y cargos en la Fuerza Armada para vender aproximadamente 50 armas propiedad de la institución castrense.

Según la Fiscalía, Figueroa -junto al coronel y al odontólogo- legalizaban armas que tenían los números de serie alteradas y luego las vendían a civiles que completaban los requisitos que la ley establece para la tenencia de armas de alto impacto. Las armas, en su mayoría fusiles Ak-47, eran vendidas entre 5 y 8 mil dólares cada una y según el fiscal del caso, los acusados habrían vendido las armas a diferentes personas civiles entre 2009 y 2011.

La acusación fiscal dice que el coronel y el asesor permitían el ingreso y registro de armas que no tenían marca del fabricante, número de serie o registro legal y otras que habían sido reconstruidas.

La investigación

Según la Fiscalía, en 2011 inició una investigación por una venta ilegal de armas. Esta llevó hasta el coronel González y el asesor -con rango de subteniente- Figueroa. González fue detenido en su residencia en la colonia San Francisco de San Salvador donde la Policía encontró aproximadamente 50 armas de alto impacto.

Además, los investigadores dijeron que el militar se dedicaba a ensamblar armas con piezas de unidades que tenían registro de decomiso por la División de Armas y Explosivos de la PNC.

González luego coordinaba con Figueroa la legalización de las armas y el odontólogo ayudaba para hacer las entregas a los clientes. Este último fue condenado, mientras que según fuentes judiciales, el coronel, que ya había sido detenido dos veces por el mismo delito, está colaborando con la Fiscalía en la investigación. (Fuente: La Página)