INMIGRACION
La Casa Blanca ha prometido que “al final del verano” revelará medidas para paliar las expulsiones a falta de una reforma migratoria
Aparte de los libros que alcance a leer durante sus vacaciones, ya de por sí interrumpidas con crisis como la de Irak, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tendrá que estudiar estos días de asueto el más que grueso dossier acumulado tras meses de recibir recomendaciones sobre qué medidas puede tomar por sí solo para aliviar las deportaciones de indocumentados, en vista de que el Congreso ha sido incapaz de aprobar una reforma migratoria.
Y es que según ha declarado la propia Casa Blanca, la fecha para anunciar qué órdenes ejecutivas -decretos- emite para paliar la falta de acción de los legisladores será inminente después de las dos semanas de descanso estival que Obama inició este sábado 9 de agosto en la isla de Martha’s Vineyard.
Sobre todo después de que la inacción del Congreso, que ni siquiera fue capaz de aprobar, antes de irse cinco semanas de vacaciones, una petición de fondos de Obama para afrontar la crisis creada por la masiva llegada de menores indocumentados a la frontera, está siendo ampliamente usada como arma arrojadiza por el bando demócrata.
La gran duda es qué decidirá Obama y hasta dónde se atreverá a ejercer una autoridad presidencial por la que la oposición republicana busca demandarlo ante la justicia, quedándose tan sólo a un paso del impeachment (juicio político).
Hay amplio consenso que la base para cualquier paso es el programa de cancelación de deportaciones de ciertos jóvenes indocumentados que Obama decretó en 2012 y que desde entonces ha beneficiado a más de medio millón de personas.
Para los grupos proinmigración, Obama debería dictar medidas que amplíen este programa conocido por sus siglas en inglés, DACA. Su objetivo es que lleguen a beneficiar a los hasta ocho millones de indocumentados -de los más de 11 millones que se estima viven en EE UU- que podrían haberse acogido a una vía para su legalización mediante la propuesta de ley migratoria aprobada un año atrás en el Senado y que murió este 2014 en la Cámara de Representantes dominada por los republicanos.
Cualquier medida que se dicte debe beneficiar a “millones y millones de personas, no a un pequeño grupo”, sostiene el director de CASA de Maryland, Gustavo Torres.
Buena muestra de lo caldeado que están los ánimos es la fuerte reacción que provocaron artículos en la prensa estadounidense que aseguraban en las últimas semanas, citando fuentes anónimas del propio gobierno, que Obama estaría contemplando medidas que podrían beneficiar hasta a cinco millones de indocumentados.
La Casa Blanca se apresuró a dejar claro que todavía no se ha tomado una decisión y que ésta no se producirá hasta “finales del verano”, lo que para Washington significa entre finales de agosto y principios de septiembre. Eso sí, no ha desmentido de forma taxativa una alta cifra de posibles beneficiados.
En su última rueda de prensa antes de partir de vacaciones, al término de la cumbre con líderes africanos en Washington, Obama aseguró que es consciente de que no tiene “luz verde” para actuar como le venga en gana puesto que está “ligado a la Constitución”.
A la vez sin embargo dejó claro que no piensa quedarse “de brazos cruzados a la espera de que haga algo un Congreso” que ha tenido más de un año para actuar y no ha hecho nada, a pesar de que corre el riesgo de que los republicanos le tachen una vez más de presidente “imperialista”.
Cualquier decisión que tome será seguramente analizada hasta la última coma en busca de una presunta ilegalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, para expertos como el abogado David Leopold, las acusaciones de ilegalidad no se sostienen porque medidas como DACA “no crean ningún nuevo derecho o estatus migratorio legal”, dijo a The Washington Post. Se trata de medidas además que dependen de la decisión del presidente de turno, es decir, revocables en teoría -aunque políticamente sea muy difícil hacerlo en la práctica- por el sucesor de Obama en dos años, de ahí que el mandatario siga insistiendo en que la vía más segura para arreglar lo que todos coinciden en que es un problema pasa por el Congreso. (Fuente: EL PAIS, Silvia Ayuso)