WASHINGTON
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, endureció este 9 de marzo la posición de Washington ante Venezuela al declarar una “emergencia nacional” frente al país sudamericano por la “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior” que, afirma, supone la situación de derechos humanos y la corrupción en esa nación para Estados Unidos.
La decisión, el paso más fuerte dado por Washington contra Caracas desde la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, viene acompañada de sanciones para siete funcionarios venezolanos.
La declaración de “emergencia nacional” es un instrumento que le permite al Ejecutivo, en determinadas circunstancias, ir más allá de lo que haya aprobado el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país, en este caso contra altos funcionarios de Caracas.
La primera oleada de afectados son, desde este lunes 9 de marzo, siete altos responsables de seguridad y justicia del Gobierno de Maduro, a los que señala como “responsables de la erosión de los derechos humanos” en el país desde las protestas sociales del año pasado.
“Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del Gobierno venezolano por aumentar la intimidación de sus oponentes políticos”, dijo la Casa Blanca al anunciar las medidas. La presidencia estadounidense reclamó una vez más la liberación de “todos los presos políticos” en Venezuela, incluidos “decenas de estudiantes, el líder de la oposición Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”.
Los sancionados son el director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo Enrique González López, y su predecesor Manuel Gregorio Bernal Martínez; Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela; Antonio José Benavides Torres, exdirector de las operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante las protestas de 2014; el también excomandante general de la GNB Justo José Noguera Pietri, actualmente presidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG); la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padrón —responsable, entre otros, de la acusación contra el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma— y el inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Miguel Alcides Vivas Landino.
Las sanciones implican la congelación de cualquier activo que los señalados puedan tener en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones comerciales con ellos. Washington también ha bloqueado su entrada en el país.
“Estamos comprometidos en hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, en proteger los institutos democráticos y el sistema financiero de EE UU de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela”, subrayó la Casa Blanca. “Acciones corruptas por funcionarios venezolanos privan a Venezuela de necesarios recursos económicos que podrían ser invertidos en los venezolanos y usados para impulsar el crecimiento económico”, acotó el secretario del Tesoro, Jacob Lew, encargado de implementar las sanciones.
Las medidas se basan —aunque según la Casa Blanca van más lejos aún— en la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014. Obama la rubricó el pasado 18 de diciembre, justo un día después de anunciar la normalización de relaciones con Cuba, el principal aliado de Caracas.
MEDIDA INSOLENTE DICE MADURO
Ya en su momento el Gobierno de Maduro calificó la ley de “medida insolente” y anunció una respuesta, algo que ha vuelto a hacer su canciller, Delcy Rodríguez, tras conocer las nuevas sanciones, informa Alfredo Meza. “Pronto daremos a conocer la respuesta de Venezuela sobre el alcance de estas declaraciones”, dijo a la prensa en Caracas.
Poco después, Rodríguez anunciaba por Twitter que ha llamado a consulta “de inmediato” al encargado de negocios en Estados Unidos, Maximilien Arveláiz, el más alto representante venezolano en Washington.
Maduro ya había anunciado la semana pasada la reducción del centenar de funcionarios diplomáticos de la Embajada de Embajada de Estados Unidos en Caracas a niveles similares a los 17 que mantiene su Gobierno en Washington. El Gobierno venezolano también dispuso que se solicite visado a los estadounidenses que visiten el país.
Washington, por su parte, no ha revelado hasta qué punto afectará la congelación de bienes en EE UU a los funcionarios venezolanos. No es ese además el propósito principal de las sanciones, afirma. “El objetivo es realzar una práctica, la de los abusos a los derechos humanos y la corrupción (en Venezuela) y persuadir al gobierno venezolano de que cambie su forma de actuar y proteja los derechos humanos”, explicaron fuentes oficiales bajo condición de anonimato.
Las sanciones suponen un paso más en las medidas punitivas decretadas por Washington contra el Gobierno de Maduro desde las protestas sociales de febrero de 2014. Comenzaron con la revocación de visados de varios funcionarios venezolanos en julio y continuaron con la aprobación de la ley de diciembre, que con estas nuevas sanciones empieza a ser aplicada.
El Gobierno de Obama siempre ha rechazado las acusaciones de Caracas de estar detrás de los presuntos intentos de derrocamiento de Maduro.
UNASUR TRATARA SITUACION
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció este 10 de marzo que los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reunirán la próxima semana para tratar lo que llamó la “injerencia” de Estados Unidos en Venezuela.
A decir de Correa, los cancilleres de Unasur tendrán un encuentro en Montevideo, Uruguay, para preparar una cumbre de jefes de Estado del ente regional. La fecha y lugar de dicha reunión presidencial se precisará en la cita de ministros de Relaciones Exteriores.
“Daremos la respuesta correspondiente a esta grotesca, ilegal, descarada, inaudita, injustificada injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela”, dijo Rafael Correa, como lo reporta Paúl Mena Erazo, de BBC Mundo en Ecuador. (Con datos de El País)