GUATEMALA
Presidente y muchos funcionarios implicados en corrupción en Guatemala
El caso desembocó en un escándalo que complica al presidente Otto Pérez Molina e involucra a decenas de funcionarios. Varios ciudadanos llevan días encadenados al Palacio Nacional de la Cultura para protestar, otros han bloqueado rutas y miles se han manifestado para pedir la renuncia de los dos más altos cargos del gobierno.
Todo luego de una investigación sin precedentes en el país. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo adscrito a Naciones Unidas, y la fiscalía del país revelaron a mediados de abril la investigación de 40 casos de cobros ilegales y contrabando que operaba en las aduanas del país, dependientes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El futuro de la vicepresidenta en su cargo quedó aún más comprometido esta semana, cuando la Corte Suprema dijo que existen evidencias suficientes para retirarle la inmunidad y aprobó un antejuicio para investigarla.
“LA LÍNEA”
La red de corrupción, conocida como “La Línea”, operaba desde hacía al menos un año, han asegurado los investigadores, y tenía como objetivo cobrar sobornos a empresarios y usuarios de distintas aduanas del país a cambio de modificar lo que los importadores debían pagar al fisco.
“Uno de los temas sustanciales era el contrabando y en general con la defraudación en un país tan necesitado de recursos”, señaló Iván Velásquez, encargado de la comisión de la ONU.
Aunque no se conoce el monto total de lo defraudado, en dos semanas un miembro del grupo delictivo fue capaz de recaudar 2,5 millones de quetzales (unos US$330.000), de acuerdo a la pesquisa oficial.
Hasta el momento han sido detenidas 24 personas. Entre ellas se encuentran Omar Franco, director de la SAT, y Carlos Muñoz, su predecesor.
También se emitió una orden de búsqueda y captura contra Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la vicepresidenta y presunto líder de la organización criminal.
Monzón se encontraba de viaje por Corea del Sur junto a la vicepresidenta cuando fuerzas de seguridad del gobierno, junto a la Cicig, realizaron una redada en oficinas y viviendas a mediados de abril.
Días después Baldetti se deslindó de la red de corrupción. “A ustedes les debería dar seguridad que nadie al más alto nivel del Estado está involucrado en esta estructura”, aseguró en conferencia de prensa.
Sus declaraciones no bastaron para calmar las aguas y a fines de abril unas 15.000 personas se congregaron en la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala, capital del país, para pedir la renuncia del presidente y la vicepresidenta.
“Extraordinario”. Así califica Arturo Matute, analista de la organización International Crisis Group en Guatemala, lo que ocurre en el país. “Aquí en Guatemala todo el mundo ha sabido, y vivimos sabiendo que existe una cantidad de corrupción enorme. Sin embargo, hemos sentido un peso enorme de la estructura mafiosa y que era difícil hacer algo”, asegura en diálogo con BBC Mundo.
“El hecho de que se esté revelando este caso con nombres y apellidos, con capturas, evidenciando con tanta claridad la corrupción y a tan alto nivel, es algo extraordinario”, añade.
El principal tribunal de justicia del país determinó el miércoles 6 de mayo “por unanimidad y en vista de las informaciones recibidas” que existen indicios suficientes para quitarle la inmunidad a Baldetti. “La mención en los audios son indicios”, explicó Josué Baquiax, presidente de la Corte Suprema.
Los magistrados, sin embargo, evitaron tomar la misma medida con el presidente Pérez Molina, también del Partido Patriota. (Con datos de BBC)