EL SALVADOR
Guerra abierta en El Salvador
Tomado de EL MUNDO, por JAVIER BRANDOLI
El Gobierno declara terroristas a los mareros que han causado un récord de muertes. Con una población de seis millones, este año ya van 3.500 asesinatos.
“Esa señora que está sentada en la puerta de esa casa es un halcón. Y aquellas mujeres de allí también. Trabajan informando a las maras de si ven algo o alguien extraño. Un coche como el nuestro contigo dentro en este barrio llama la atención. Si nos quedamos y miramos mucho podemos tener problemas. Ahora nos tienen ya controlados”, indica Walter, un ex guerrillero salvadoreño con el que entramos en uno de los barrios de las afueras de San Salvador controlado por las maras.
La barriada es un mundo de tatuajes en sus muros y en las pieles de los pandilleros. Marcas de guerra y de aviso de quién controla el territorio y a qué tribu se pertenece. “Cada esquina tiene un símbolo de la mara que controla esa cuadra. Hay calles que, como puedes ver, tienen a un lado el símbolo del 13 (Salvatrucha) y del Barrio 18 en el otro (las dos grandes pandillas del país). Los tiroteos se producen en ocasiones entre vecinos, de calle a calle. Controlan el comercio y hasta los autobuses, que pagan por tener su protección. El que no lo hace muere. Esto es territorio apache”, dice Walter con una sonrisa.
Ese ‘territorio apache’ del que habla Walter se ha convertido directamente en un escenario de guerra abierta. El Salvador ha batido tristemente por tres días consecutivos, de domingo a martes, su récord de homicidios por día del siglo XXI: 40, 42 y 43 muertes en 72 horas para un país de poco más de seis millones de habitantes.
En ocho meses de 2015 van cerca de 3.500 asesinatos, frente a los 2.492 de 2013 y los 3.912 de todo 2014. “Las maras usan técnicas de guerrilla similares a las que se usaban en la Guerra Civil”, reconoce la Policía.
El país se revuelve ante una ola de violencia que lo abarca todo. El Estado ha declarado una guerra abierta y los pandilleros son considerados legalmente terroristas. “La cifra de mareros sospechosos de cometer actos de terrorismo ha subido a 327”, ha anunciado esta semana el Fiscal General de la República.
Un ejemplo de ese pulso entre Gobierno y pandillas fue el paro del transporte que impusieron las maras el pasado mes de julio: “Mataremos a cualquier conductor que desafíe la huelga y trabaje”. “No estamos dispuestos a negociar con criminales. Sacaremos a las fuerzas de seguridad para controlar las calles“, contestó el presidente del país, el izquierdista Salvador Sánchez Cerén. El resultado fue que nueve conductores fueron asesinados y multitud de líneas de autobús no funcionaron por el miedo de sus chóferes.
“Debemos defendernos. Yo sólo he motivado a la población para que no se deje matar“, explica a EL MUNDO Guillermo Gallegos, diputado y vicepresidente del Parlamento Nacional. Gallegos había hecho unas polémicas declaraciones el pasado mes de julio en las que decía “mi lucha es contra la lacra de este país, los desgraciados mareros. Pido la muerte para esa lacra”.
“No me retracto. Actúan como terroristas y el Estado está respondiendo de la única forma que se puede, con represión. En este momento todos estamos con el Gobierno”, dice este político del partido opositor GANA. “Hay que mejorar el salario de los policías, de entre 400 y 500 dólares, para que no tengan que huir de sus casas y barrios controlados por las maras. Han asesinado 43 agentes en 2015 y, al menos a 15 militares”, dice el que será en 2015 presidente del Parlamento Nacional.
Gallegos acepta que la lucha dejará muchos cadáveres, pero la ve inevitable: “La represión aumentará las muertes, pero es el único camino. Hay grupos que viven del crimen, no van a rehabilitarse”.
En el otro lado de la ecuación está Álex Sánchez, fundador en 1998 de la ONG Homies Unidos en la segunda ciudad con más salvadoreños del mundo, Los Angeles, Estados Unidos. “Trabajamos con jóvenes que han huido del Salvador y luchamos por reintegrarlos en la sociedad”, explica a EL MUNDO.
El programa más famoso de esta ONG se dedica a borrar el pasado. “Ofrecemos ayuda para borrar tatuajes que en muchos casos es una sentencia de muerte para ellos y ellas. No obtienen trabajos, son perseguidos por la Policía de EEUU que a los que llevan tatuajes tratan como delincuentes y están en el punto de mira de las bandas rivales”.
Sánchez explica que “el tratamiento cuesta 150 dólares por sesión de 15 minutos. Dos brazos cuestan unos 300 dólares y nosotros pagamos casi el 75% con las donaciones. También vienen mujeres a las que sus parejas les obligaron a tatuarse sus nombres. Si ellos han muerto están marcadas y no pueden comenzar una nueva vida.
Otras veces simplemente han conseguido huir y quieren olvidar al hombre que les daba palizas”, explica un Sánchez que concluye: “La política represiva que se está implementando en Salvador ya se hizo en EEUU y fue un fracaso. El 15 de septiembre, fiesta nacional, haremos una vigilia en Washington para pedir que se acabe con esta espiral de muerte”.