CENTRO AMERICA
El Salvador: Un crimen contra los más pobres
Por: Leonel Flores*
La Constitución de la República en sus artículos 65 y 66 establece claramente lo siguiente: “La salud de sus habitantes constituye un bien público. El estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. “El estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos y a los habitantes en general”. Sin embargo, el Estado Salvadoreño, en los últimos años, no solo no cumplió con la constitución sino fue más allá, permitiendo altos niveles de corrupción que empeoran el acceso a la salud del pueblo y en específico el acceso a ser tratados adecuadamente.
El sistema de salud en nuestro país es un sistema fragmentado, donde la mayoría de la población tiene como única cobertura el ministerio de salud pública. Existe un importante déficit de infraestructura hospitalaria y una disponibilidad de servicios de salud muy reducida. Solamente el 31% de las instituciones hospitalarias le corresponden al Ministerio de Salud para darle servicios a más del 80% de la población salvadoreña.
En una investigación de la Federación Interamericana de los Derechos Humanos (FIDH) titulada “La salud un privilegio Hoy, un lujo mañana” reportó que existen violaciones flagrantes al acceso a la salud en el país y que la inversión en servicios y medicamentos es insuficiente. El reporte evidencia que de todo el dinero que el Estado invirtió en salud en el 2008, solo el 10.8% estaba destinado a la compra de medicamentos en el sector público. Mientras que el sector privado destinaba a la compra de medicamentos, 42% del gasto en salud.
Ante este panorama es obvio que el acceso a la salud y lo que es peor al tratamiento de enfermedades en El Salvador es un grave problema de salud pública. El desabasteciendo de medicamentos en las farmacias del sector público ha sido un eterno problema para los pacientes.
En abril de 2008, se descubrió que más de 3,000 medicamentos vencidos se habían administrado a pacientes en el sector privado de salud. En el Hospital Bloom, en octubre del 2008 hubo una denuncia de la administración de medicamentos vencidos a pacientes en dicha unidad médica y se calificó, sin encontrar culpables, como “homicidio en grado de tentativa”. El 12 de junio del 2009, el director del ISSS denunció el hallazgo de 206 toneladas de medicamentos vencidos y en mal estado, por lo cual interpuso una demanda ante la fiscalía general de la república. En este mes, se encontraron más de 300 toneladas de medicamentos enterrados en las instalaciones de un centro del ministerio de salud. Entre dichos medicamentos se encontraron algunos tan importantes como los que se usan en el tratamiento del Cáncer.
Si como dice el reporte, el acceso a los servicios de salud y medicamentos en nuestro país -estos últimos los más caros en la región- son insuficientes, como es posible que se den los casos anteriormente expuestos.
En ninguno de los casos anteriores se han deducido responsabilidades. Aunque este sea un delito ambiental importante, no se debe de ignorar cuanta gente no tuvo acceso a un tratamiento efectivo a tiempo, que los pacientes de cáncer hayan muerto esperando sus medicamentos, que sean los más pobres, los excluidos, los vulnerables, los que hayan sido ignorados de sus enfermedades por el simple hecho de que grupos de poder, ambiciosos, inescrupulosos hayan recurrido a estrategias mercantiles tan bajas como la de hacer desaparecer medicamentos o licitaciones amañadas de compra-venta de medicamentos vencidos y/o cerca de caducar, para crear crisis institucionales de escases y recurrir así, a compras de emergencias en las cuales no se tiene control ni regulación de las transacciones.
Es hora ya que el pueblo exija deducir responsabilidades y que los culpables de estos actos de corrupción respondan, no por homicidio en grado de tentativa, sino por crímenes colectivos en contra de la población más humilde de nuestro país. Los jefes institucionales del ISSS y el Ministerio de Salud Pública han hecho ya su trabajo, esperamos pues que la Fiscalía General de la República por fin haga el suyo en este caso vergonzoso e indignante. ¡Basta ya de tolerar la corrupción!
*Leonel Flores es médico investigador radicado en USA.