EL SALVADOR
Ex presidente Saca y ex fiscal salvadoreño en la cárcel por corrupción
POR: KATYA GALVEZ
El 2016, desenmascaró una serie de casos de corrupción y puso a prueba el sistema judicial salvadoreño. A unas semanas de iniciado este nuevo año, el 2017, promete continuar destapando casos que en otro tiempo se habían ocultado.
El pasado 17 de enero, el ex presidente Elías Antonio Saca fue trasladado al penal La Esperanza, conocido como Mariona. El ex mandatario se encuentra detenido junto con otros seis ex funcionarios que están siendo acusados por los delitos de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y peculado (desvío de fondos).
El resto de implicados en el caso y que son procesados por desviar $246 millones de fondos públicos, son los ex funcionarios cercanos a Saca, Elmer Charlaix, Julio Rank, Pablo Gómez, Cesar Funes, Francisco Rodríguez y Jorge Alberto Herrera.
Este traslado al penal La Esperanza, se hizo debido a una orden emitida por el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador. Ante esto, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que se resguardaría la integridad física de los imputados.
Por su parte el director de Centros Penales, Rodil Hernández, que en noviembre de 2016 había asegurado que ningún centro penal era adecuado para albergar a procesados por corrupción debido al hacinamiento de las cárceles salvadoreñas, indicó que se adecuó un sector del penal La Esperanza para recibir a Saca y los demás acusados. También explicó que los siete implicados en este caso, estarán en un área que cuenta con 14 celdas, cada una con capacidad para cuatro reos.
EL “GORDO MAX”
En el mismo sector donde se encuentra el ex mandatario Saca, fue recluido Maximiliano González popularmente conocido como (Gordo Max) quien está siendo acusado con otras tres personas por el delito de remuneración de servicios sexuales por menores de edad. Los demás implicados son, José Ernesto Regalado O ‘Sullivan, Luis Marroquín Pineda y Salvador Enrique García Arévalo.
EX FISCAL LUIS MARTÍNEZ
A estos casos se suman, el del ex fiscal general de la Republica, Luis Martínez y Enrique Rais que fueron capturados el 22 de agosto de 2016 y son acusados de pertenecer a una red de corrupción. Otros implicados en el caso son, Hugo Blanco Rais, los abogados Ernesto Gutiérrez y Luis Peña, el ex juez, Romeo Aurora Giamattei y Julio Arriaza.
La Fiscalía General de la República, los acusa de cohecho propio, cohecho activo, fraude procesal y falsedad ideológica. Además de esto, a Martínez también se le acusa de omisión de investigación. A pesar de esto el 28 de agosto del 2016, la Jueza Evelin del Carmen Jiménez decretó medidas sustitutivas para los implicados por lo cual quedaron en libertad condicional.
No obstante, el pasado 13 de enero, el Juez del tribunal Octavo de Instrucción ordenó que se recapturara al ex fiscal Luis Martínez y a los demás acusados. La Cámara Primera de lo Penal revocó la libertad condicional que había sido concedida. El ex funcionario guardará prisión en el penal de Mariona. Hasta el momento se desconoce el paradero del resto de implicados. Para el resto ya existe difusión roja, que ya fue girada por la Interpol.
MAURICIO FUNES
Otro caso sonado de corrupción en El Salvador, es el del ex presidente Mauricio Funes, quien actualmente se encuentra asilado en Nicaragua. El ex mandatario enfrenta un juicio donde se le acusa de enriquecimiento ilícito. También están siendo acusados, su hijo Roberto Funes y la ex primera dama y actual Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato.
Para el pasado 17 de enero estaba programada la audiencia probatoria del caso, sin embargo esta fue suspendida a raíz de una revocatoria que presentó el abogado de Funes, Enrique Antonio Araujo Machuca, ante la Cámara de lo Civil. Junto con esto, Machuca solicitó que se le permitiera a su cliente declarar desde Nicaragua porque Funes ha dicho en reiteradas veces que “teme por su vida.”
La Fiscalía General de la República, avaló que el ex presidente presente sus declaraciones por medio de una audiencia virtual desde el país donde se encuentra asilado. No obstante, no se ha establecido si se permitirá el uso de una videoconferencia pero aseguran que de ser así se garantizará que el proceso se realice apegado a derecho.