SALVADOREÑOS
El ex ministro de Defensa David Munguía Payés, fue juramentado el martes por el Presidente Mauricio Funes, como Ministro de Seguridad Pública, a quien le ha encomendado poner freno a la delincuencia en El Salvador, que mantiene en zozobra a la población. De entrada el nuevo funcionario, se comprometió a darlo todo en la lucha contra la delincuencia y pidió un año de gracia para evaluar su trabajo. “Quiero que me juzguen ustedes a partir de este momento con los resultados que vamos a tener después de un año de gestión”, dijo Munguía.
También señaló que su esfuerzo estará centrado en cumplir una serie de “metas concretas”, que según anunció, se conocerán en los próximos días. No obstante, por lo dicho antes de juramentarle en el cargo por el presidente Mauricio Funes, al parecer el objetivo principal será a partir de ahora reducir las escandalosas cifras de homicidios que a diario se registran en el país.
Funes dijo en su discurso que es preciso hacer una evaluación del desempeño del gobierno en sus diferentes áreas. Y dejó claro que esa evaluación costará el cargo a más dirigentes de su gobierno. “Altos funcionarios que no han producido resultados concretos en su función, o bien políticas que no han dado los frutos esperados, serán motivo de cambios. Y no me refiero solamente a la Seguridad, sino también a otras áreas del gobierno”, advirtió.
En ese contexto, el ramo de seguridad pública está ya entrando en una nueva etapa que será pilotada por un general retirado, que viene directamente de liderar el Ministerio de la Defensa Nacional.
A cargo de este ministerio quedará el que fuera su mano derecha, el hasta ahora viceministro general José Atilio Benítez Parada, también juramentado hoy por el presidente junto al que pasa a ser viceministro de Defensa, el también general Francisco Ramón Salinas, que ocupaba el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto.
Munguía, dijo Funes, “deberá echar a andar un nuevo Plan de Seguridad que retome los aspectos positivos y eficaces que se han venido desarrollando hasta el presente y que introdu
zca nuevos elementos que disminuyan el alto número de los homicidios y que lleven mayor seguridad al conjunto de la población”.
El nuevo ministro tiene dos mandatos del jefe del Estado, según afirmó éste; además de conseguir resultados concretos, “construir una verdadera política de unidad nacional en torno de la buena batalla que libramos para garantizar la seguridad ciudadana”.
En ese sentido, Munguía dijo estar abierto al diálogo con todos los sectores y a trabajar con la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial. También afirmó que aunque valorará las críticas, no perderá el tiempo en debates estériles.
Por otra parte, ante el descontento que ha suscitado en numerosos sectores el nombramiento de un militar con 32 años de carrera en el Ejército como responsable de la seguridad pública, Funes reiteró que legalmente ni la Constitución ni los Acuerdos de Paz le impiden hacerlo, puesto que Munguía está en situación de retiro.
Describió a Munguía Payés como un hombre de su mayor confianza, un ex militar con “reconocimiento de la sociedad civil por su desempeño en la Fuerza Armada durante el conflicto armado”, con una actitud de respeto a los derechos humanos y de despolitización del Ejército que le valió ser relegado por altos mandos en el pasado y como un hombre con fuertes convicciones democráticas.
“Cumplió una labor destacada durante mi campaña presidencial, como miembro y fundador del Movimiento Amigos de Mauricio. Desde entonces ha sido un asesor permanente mío en materia de seguridad y defensa”, dijo también Funes.
De modo, añadió, “que nadie con buena intención piense que este nombramiento podría implicar una militarización de la seguridad, ni que significa un retroceso en cuanto al espíritu de los Acuerdos de Paz”.
A lo que agregó que es precisamente el espíritu de los Acuerdos de Paz, que establecen la separación de funciones de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, “el marco filosófico, jurídico y político que guía a mi gobierno en esta materia y serán respetados íntegramente”.
Por su parte, el propio Munguía se comprometió a respetar la Constitución de la República, los principios democráticos, los derechos humanos y a conducir la seguridad pública con carácter civilista.
Aunque, advirtió, ese compromiso a mantener el carácter civil de la seguridad pública “no significa tampoco que vamos a permitir el desorden, la indisciplina ni mucho menos la ineficacia”.
Retroceso de 20 años
Aunque Funes reiteró justo antes de juramentar a Munguía que su calidad de general retirado evita cualquier tipo de conflicto legal con la Constitución o los Acuerdos de Paz, e incluso afirmó que el espíritu de éstos guía a su gobierno, no es una afirmación compartida por al menos uno de los signatarios de esos acuerdos.
Roberto Cañas, firmante por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), considera que este nombramiento es un retroceso en el proceso democrático del país. “Con el nombramiento de un militar, por más que quiera utilizar el sofisma de que un militar en retiro es civil, que eso solo se lo cree él (Mauricio Funes), lo que ha dado es el paso más grande de retroceso en los últimos 20 años” enfatizó Cañas.
Su análisis se basa en que la separación de las funciones de seguridad pública y defensa nacional, es decir, apartar al Ejército de la seguridad ciudadana, fue una de las principales motivaciones de la guerra y el principal logro de los Acuerdos de Paz. (Con datos de Fernando de Dios, Contrapunto)