Apesar de su incapacidad para frenar la malversación y desviación de fondos públicos de parte de los partidos políticos que por 30 años dominaron el espectro político del país, como son Arena, Fmln, PCN y PDC, la Corte de Cuentas de la República asegura que lleva los procedimientos de auditoría conforme a las leyes.
A través de un comunicado, la Corte de Cuentas asegura que desarrolla su labor de “fiscalización, de manera profesional, técnica e independiente, apegado a las normas de auditoría gubernamental y a todos los cuerpos legales que rigen a la institución, garantizando que no existan zonas exentas de control”.
En el comunicado, la CCR niega la emisión de finiquitos a la carta y exprés, a favor de político, aunque siguen estancadas investigaciones contra políticos, con serias sospechas de corrupción.
No obstante, esa institución siempre ha estado en la mira de la sociedad, debido a que en el pasado no fue utilizada para combatir la corrupción sino para esconderla, concediendo finiquitos exprés a exfuncionarios como los expresidentes Antonio Saca, Mauricio Funes o el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes.
La conducta se ha repetido en el caso de los gobiernos municipales, donde alcaldías afines a los partidos Arena, Fmln, en su mayoría, nunca son investigadas o las investigaciones no arrojan mayores resultados porque los políticos del viejo sistema son mayoría en esas instituciones.
Por ello, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció la exclusión de la Corte de Cuentas de las cuatro auditorías que la nueva Junta Directiva ha decidido llevar a cabo en el órgano legislativo y contratar, en su lugar, una firma auditora externa para indagar la situación en esa entidad, antes del 1 de mayo pasado.