La Sala de lo Constitucional finalizó con un litigio de más de 40 años entre la empresa Quimagro S.A de C.V y el Banco Cuscatlán, quien declaró sin lugar los recursos de apelación presentados por los abogados de la institución financiera que pretendía revertir un fallo en el que reiteraba que deberían devolver más de $38 millones a compañía.
Con este fallo, se confirma la decisión que tomó el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, quien ordenó un embargo por más de $38 millones al banco, para que cancelara a Quimagro, la cual quebró.
Según el abogado de la empresa afectada, Antonio Vega la Sala de lo Constitucional que era dirigida por Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo Delgado y Belarmino Jaime, daban resoluciones amañadas que deterioraban económicamente a la compañía, y que a su juicio ellos cometían prevaricato.
Esta acción ilegal de parte de esos exmagistrados fue denunciada en su momento al exfiscal Douglas Meléndez, pero decidió archivar el caso, por lo que Antonio Vega denunció al jefe del Ministerio Público y solicitó un antejuicio, por el delito de incumplimiento de deberes.
Esta denuncia tuvo que ser retomado por el exfiscal Raúl Melara, sin embargo, dejó impune el caso.
Ahora el banco está obligado a pagar el monto, antes mencionado, tal como lo ha establecido un ente judicial superior.
Familia Vega fue víctima del sistema financiero
Se trata de un caso que inició luego de que el negocio familiar (QUIMAGRO), fue víctima del sistema financiero, llevándolo finalmente a la quiebra, dado a que la institución financiera (Banco de Comercio S.A. de C.V.) intervino y administró de forma fraudulenta la empresa.
En el año 1996 la familia Vega, dueños de QUIMAGRO, inició un proceso legal conociéndose su primer fallo cinco años después, obligando al banco a cancelar una indemnización, más los gastos procesales.
Según registro, el 15 de abril de 2013, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia definitiva en la que “declara terminado el convenio de intervención financiera y administrativa celebrado el 28-08-1984 y condena al banco demandado al pago de una indemnización por daños y perjuicios a QUIMAGRO, S.A. de C.V. y a ejercer su liquidación en juicio ordinario”.
Sin embargo, QUIMAGRO enfrentó maniobras legales de la empresa financiera, teniendo que avocarse a instancias de apelación para solicitar audiencia y pronunciarse sobre la solicitud de recusaciones y otras arbitrariedades presentadas por los defensores del banco.
Son varios años los que lleva ya este proceso y al parecer ya se cerraron todas las vías legales que tenían los apoderados legales del Banco Cuscatlán para dilatar el proceso, por lo que la familia Vega considera que están a pocos días de que se haga justicia.
En el documento presentado por QUIMAGRO, se enfatizó en que si se hiciera un estudio de los jueces o magistrados que mantienen vínculos contractuales con el Banco Cuscatlán de El Salvador, es muy seguro que habría miles de expedientes judiciales en los que se deberá promover la recusación de dichos jueces.