Algunos jueces fueron removidos de sus cargos por no cumplir con los criterios de cumplimiento legal y objeto de sus cargos, por lo que ahora se encuentra en el ojo de la polémica la jueza Edelmira Violeta Flores Orellana, a cargo del Tribunal Segundo de Instrucción de la capital, cargo que ostenta desde el 06 de enero del año 2003.
Sin embargo, durante los últimos años ha tenido casos complejos, donde sus decisiones a la vista de parte de la comunidad jurídica son cuestionables y han reproducido impunidad. Especialmente se trata de los casos de “financiamiento a las pandillas”, “fondos de Taiwán” y recientemente le ha sido asignado el de “ASOCAMBIO”.
Una fuente judicial que pidió reserva de su identidad y que realizó un análisis puntual de cada uno de esos casos, así como las actuaciones judiciales de la licenciada Flores Orellana, pueden considerar como mínimo cuestionables e ilegales en beneficio de sectores de poder económico y estructuras políticas que antes ostentaron el poder y control del país.
Políticos de ARENA Y FMLN entregaron dinero a cambio de votos
Varios testigos vinculan a funcionarios y políticos de los partidos ARENA y FMLN con la compra de votos a “las maras” en la elección presidencial 2014 y legislativa 2015. Dentro de los acusados se encuentran el exalcalde de San Salvador por el partido ARENA, Ernesto Muyshondt; el exministro de Gobernación por el FMLN, Arístides Valencia y el exministro de Seguridad del FMLN, Benito Lara, ambos del partido FMLN; así como Paolo Lüers, Raúl Mijango y Wilson Alvarado.
El caso fue asignado a la jueza Flores Orellana, dando por iniciada la etapa de instrucción que debía finalizar el 19 de diciembre del año pasado; no obstante, y estando tan cerca el periodo electoral en el que competiría por continuar en la silla edilicia Muyshondt, por consenso de fiscalía y la mencionada jueza, el caso se prorrogó por seis meses, cabiendo recordar que en ese momento la institución fiscal era dirigida por el destituido Raúl Melara.
Si bien es cierto, es una posibilidad legal la de ampliar el plazo de instrucción, en este caso se hizo, a pesar de que el expediente judicial no tuvo durante esa prórroga, mayores ampliaciones. Fue a partir de la sustitución de Raúl Melara, que con el cambio de fiscal general se dieron avances sustanciales en el caso, hasta que finalmente el 24 de junio del presente año se presentó el dictamen de acusación.
Sin embargo, a la fecha habiendo transcurrido más de cinco meses de haberse presentado la acusación, la jueza sigue sin realizar la audiencia preliminar. Durante este tiempo permitió la fuga de Arístides Valencia, ya que nunca le impuso restricción migratoria y no quiso ordenar la prisión preventiva contra Benito Lara y Paolo Lüers, este último incluso confesó ante la comisión de antejuicio contra Norman Quijano de haber realizado los hechos por los que se le acusa.
Caso “fondos de Taiwán a damnificados del terremoto del 2001”
Al contrario del caso del pacto contra las pandillas, donde la jueza ha dejado que el proceso siga sin celebrarse audiencia preliminar, en el caso de la reclamación civil por delito de lavado de dinero contra Juan Tennant Wright, Gerardo Balzaretti y el expresidente Saca, aceleró la diligencia para garantizar que a los imputados no los alcanzara la reforma penal que declaraba la “imprescriptibilidad de los delitos de corrupción”.
El sobreseimiento de los acusados fue solicitado por el exfiscal general Raúl Melara, fundada en que su antecesor, Douglas Meléndez, dejó prescribir el caso de lavado de dinero, consistente en la transferencia de fondos provenientes de una donación de Taiwán fueron a parar a una oenegé vinculada con el partido ARENA y el dinero sirvió para financiar la campaña política de Elías Antonio Saca.
Caso ASOCAMBIO
Se trata del último caso de corrupción que se ventila ante la jueza Flores Orellana, por el que se acusa a las personas que formaban parte de la junta directiva de ASOCAMBIO y además eran exfuncionarios de Justicia y Seguridad y de la Dirección General de Centros Penales, de trasladar el activo fijo de las tiendas institucionales de las penitenciarías a la asociación Yo Cambio.
En este caso, a pesar que desde el miércoles 1 de diciembre del presente año se conoció a nivel público que un tribunal superior revocó las medidas alternativas a la detención para los acusados y en su lugar les decretó detención provisional; hasta el cierre de las horas hábiles del 2 de diciembre, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, no había librado los oficios a la Policía Nacional Civil y oficinas migratorias para materializar las capturas, lo que significa una ventana para que los procesados, a excepción del exministro de seguridad Mauricio Landaverde, que se presentó voluntariamente, puedan huir del país sin ninguna restricción.
Se dijo que la jueza Flores Orellana, nuevamente se encontraba de licencia y en su lugar estaba cubriendo como jueza suplente, la licenciada Lilia Álvarez Blanco.