GUATEMALA
El general retirado Otto Pérez Molina asumirá este sábado 14 de enero la presidencia de Guatemala en medio de preocupación y dudas entre grupos humanitarios por su pasado eventualmente comprometido con violaciones a los derechos humanos, aunque algunos apuestan por su inocencia.
“El no haber dado cumplimiento a los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz (1996) no permitió el fortalecimiento del Estado de Derecho y propicia que una persona que está vinculada y acusada de gravísimas violaciones a los derechos humanos sea investida en calidad de presidente”, dijo a DPA Jorge Santos, director del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH).
Otro activista guatemalteco, Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo de Familiares de Desaparecidos (GAM), consideró que el presidente electo no está vinculado con los hechos que se le atribuyen, según los resultados de la investigación efectuada por el Ministerio Público (MP). “Es importante hacer ver que en los peritajes del MP no se le haya encontrado ninguna vinculación con violaciones a los derechos humanos”, dijo Polanco.
La principal causa que se atribuye a Pérez es la desaparición forzada y torturas a las que en 1992 fue sometido Efraín Bámaca, un comandante guerrillero conocido como “Everardo” y cuya esposa, la abogada estadounidense Jennyfer Harbury, trata de perseguir a través de la justicia guatemalteca y organismos de derechos humanos.
Una jueza guatemalteca resolvió la semana pasada, con base en la investigación del MP que determinó que Pérez no se encontraba sujeto a la cadena de mando, desestimar la denuncia planteada en marzo de 2011 por Harbury en contra del entonces candidato presidencial.
Según Polanco, el peritaje del MP, a cargo de un asesor, el general peruano Rodolfo Robles, y el fiscal Manuel Vásquez, tiene peso suficiente para su organización porque se trata de “personas de absoluta credibilidad”.
Santos recordó que el caso Bámaca fue uno de hechos que generaron impunidad en el sistema de justicia de Guatemala durante décadas pasadas.
No obstante, explicó que posteriormente, en diciembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Guatemala un proceso de investigación. “Frente a la asunción (de Pérez), el escenario se modifica, bajo mecanismos que el propio abogado representante de la demandante ha declarado que no son los correctos para desestimar la participación de una persona señalada en un caso”, dijo Santos.
Señaló que dichos mecanismos consistieron en que “primero no fue citada su representada a la audiencia en la que se conoció el desistimiento”, y “segundo, cuando se da el informe que se utiliza para dar el desistimiento, éste no constituye un peritaje y por lo tanto no puede ser considerado como un elemento para declarar desistimiento de una persona en este caso”.
Además del caso Bámaca, Santos recordó que Pérez tuvo participación durante los años más “cruentos” del conflicto armado interno como jefe del destacamento militar de Nebaj, en el conflictivo departamento de Quiché (Norte), lugar “donde la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) comprobó el despliegue de la política contrainsurgente del ejército y que implicó actos de genocidio”.
Según Polanco, aunque la jueza que conoció el caso Bámaca haya desestimado la denuncia de Harbury, Pérez “debería abrirse a que lo investiguen penalmente, y que incluso se forme una comisión especial, para que se demuestre que no participó en un acto de violación a los derechos humanos”.
Pérez, quien es signatario de los Acuerdos de Paz de 1996 como representante del ejército, ha rechazado reiteradamente cualquier participación en violaciones a los derechos humanos. (Con datos de Contrapunto)