Por medio de una carta dirigida a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el empresario Enrique Rais acusa de “abuso de poder” a los exfiscales generales, Douglas Meléndez y Raúl Melara, cuyos hechos han sido confirmados por medio de un litigio internacional por autoridades de Naciones Unidas.
El empresario relata que ambos realizaron prácticas sistemáticas y estructurales, para afectar sus derechos humanos que constituyen delitos en la legislación penal salvadoreña, y cuyas conductas son reconocidas internacionalmente.
En ese sentido se refiere a la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyo organismo establece si una privación a la libertad es arbitraria, por lo que recibió comunicación sobre su caso y públicamente resolvió, en su 89º periodo de sesiones del 23 al 27 de noviembre de 2020, que, la privación de libertad de José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, inscribiéndose en las categorías I y III.
Ese mismo grupo de trabajo, pidió al Gobierno de El Salvador que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Rais López sin dilación alguna y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto.
El GTDA consideró que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso analizado, el remedio adecuado sería garantizar a Enrique Rais su libertad plena e insta al Gobierno a que ponga fin de inmediato al proceso en contra del empresario y según reza la resolución No. 76/2020 relativa a José Aquiles Enrique Rais López.
En ese sentido también pidieron al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del señor Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.
Y de conformidad con el párrafo 33, apdo. a), de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, para que tome las medidas correspondientes.
El demandante conforma que el GTDA envió un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre incumplimiento de las autoridades judiciales de El Salvador y que debe de haber un compromiso del Órgano Judicial con la justicia y el fin de la impunidad de la corrupción institucional.
Enrique Rais hizo un llamado a los magistrados de la Sala de lo Penal, que estudien los hallazgos que presentaron previamente denuncia penal en la Fiscalía General de la República contra los responsables Douglas Meléndez, exfiscal general; Wil Walter Ruiz, exjefe de crimen organizado; Jorge Cortez, exjefe de la unidad antilavado; y los exdirectores del Centro de Escuchas, Froilán Coto y Sigfrido Alcides Campos Crespo.
Finalmente dijo que también se ha denunciado conductas de prevaricato cometidas por los exmagistrados de la Cámara Primera de lo Penal Carlos Sánchez Escobar y Arévalo Domínguez, como también la exjueza segunda de instrucción, Edelmira Violeta Flores, por dictar resoluciones retorcidas para evitar que el Gobierno de El Salvador cumpla con sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos, siendo jueces y partes, por ser sujetos investigados por ser causantes de su privación arbitraria del derecho a la libertad y otros derechos fundamentales.