Un juez federal en el estado de Luisiana impidió que el Gobierno de Biden levantara la orden gubernamental amparada bajo el Título 42 del Código de Regulaciones Federales, que fue invocado por el Gobierno de Trump para permitir que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso, alegando motivos de salud pública a raíz de la pandemia.
Biden se había comprometido a poner fin a dicha política antes del lunes 23 de mayo. Pero el juez, que fue designado por Donald Trump, dijo que la orden amparada por el Título 42 debe permanecer vigente hasta que se resuelva una demanda presentada por 24 estados.
La orden de salud pública se ha utilizado para impedir que más de dos millones de personas que han llegado durante este tiempo a la frontera entre Estados Unidos y México soliciten asilo, un hecho que constituye una violación del derecho internacional.
El mes pasado, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron que la regla ya no era necesaria, después de “considerar las condiciones actuales de salud pública y una mayor disponibilidad de herramientas para combatir el COVID-19”.
Sin embargo una coalición de 23 estados -encabezados por Arizona, Luisiana y Misuri- presentó una demanda para evitar que la actual administración pusiera fin a la política.
Jean Lin, quien representó al gobierno, argumentó que los CDC podrían poner fin al Título 42 porque se promulgó como parte de una respuesta de salud pública a la pandemia del COVID-19 y no como parte de la política migratoria. “Poner fin al Título 42 queda a discreción del director de los CDC”, apuntó.
Pero el juez Summerhays, afirmó que es necesaria una orden judicial a nivel nacional dada la capacidad de los inmigrantes que cruzan la frontera para moverse libremente de un estado a otro.
Tras conocerse el fallo, el Departamento de Justicia anunció que recurrirá el fallo.
“Los CDC han determinado que, en su experta opinión, seguir contando con esta normativa es innecesario a la luz de la actual situación sanitaria”, señaló la cartera de Justicia en un comunicado. “Esa decisión fue un ejercicio legal de los CDC”.
En el fallo de 47 páginas, el juez también explicó que los CDC deberían haber permitido que los estadounidenses opinaran sobre la terminación de la regla antes de suspenderla. “En pocas palabras, los CDC no han explicado cómo las circunstancias actuales impidieron que los CDC emitieran la orden de rescisión a través del proceso de notificación y comentarios requerido”, cita la resolución. (Con datos de Democracy Now)