HONDURAS
Un total de 176 cadáveres han sido identificados y 103 de ellos entregados a sus familiares, tras el incendio en la Granja Penal hondureña de Comayagua, que el 15 de febrero pasado ocasionó 361 muertes, informó el jueves una fuente oficial.
El portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte, dijo a la agencia Efe que los cadáveres “son entregados en un ataúd metálico y sellado para evitar que los familiares lo abran y sea un riesgo para su salud”. Agregó que la entrega de los restos de las víctimas es lenta, porque “es una tarea científica y debe comprobarse antes de proceder a la entrega”.
Por medidas sanitarias y mayor comodidad para los familiares de las víctimas, la identificación y entrega de los cuerpos desde el viernes pasado se hace en la Academia Nacional de Policía, situada al suroeste de Tegucigalpa.
De los diez reos quemados que el 15 de febrero fueron ingresados en el Hospital Escuela, siete murieron en ese centro asistencial, mientras que uno se recuperó y fue remitido a la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa, y dos continúan hospitalizados y en situación “estable pero crítica”, según fuentes médicas.
El sábado pasado, el Ministerio Público reportó el hallazgo de otro cadáver entre los escombros del incendio en la cárcel de Comayagua, con lo que la cifra se elevó a 361.
En la autopsia de las víctimas, proceso que concluyó la semana pasada, junto a los forenses hondureños participaron otros de Chile, El Salvador, Guatemala, México y Perú. El miércoles se sumaron cuatro policías españoles expertos en dactiloscopia, entre otras áreas, que llegaron a Tegucigalpa para colaborar en la fase de identificación de las víctimas del siniestro en el penal.
Protestan por demora
Molestos por la demora en la entrega de los cadáveres de sus parientes, un grupo de familiares albergados en el Instituto de Formación Profesional (Infop) marchó el miércoles hasta las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Con grandes pancartas en mano donde se leían mensajes como: “Comprendan nuestro dolor”, “Policías asesinos”. “Queremos justicia!”, “Entréguennos los cuerpos!” eran las consignas que los protestantes gritaban con voz desgarradora.
Aumentan penas por extorsión
El Congreso de Honduras aumentó las penas para los delitos de extorsión y chantaje mediante una reforma del Código Penal, con la que intenta frenar el llamado “impuesto de guerra” que cobran las pandillas, informaron el miércoles fuentes legislativas.
En un solo debate la noche del martes, pese a que normalmente las leyes se aprueban en tres, los 128 diputados de cinco partidos establecieron la pena de 15 a 20 años de cárcel para el delito de extorsión, que estaba entre seis y nueve años, tras la reforma al artículo 222 del Código Penal.
Los congresistas acordaron evitar los dos debates restantes que exige la ley.
Para el delito de chantaje la pena será de entre seis y 12 años, en vez de los tres a nueve años en los que estaba establecida hasta ahora. El Congreso dispuso que tanto para el delito de extorsión como para el de chantaje, adicionalmente a la sanción carcelaria, haya multas de hasta de 50 salarios mínimos, unos 15 mil dólares.
Según expuso el diputado Tony Zambrano, en los últimos años más de 6 mil negocios quebraron en Honduras a causa del cobro del “impuesto de guerra” y que más de 200 personas fueron asesinadas por negarse a pagarlo.
De acuerdo con denuncias divulgadas en la prensa local, el “impuesto de guerra” lo cobran miembros de pandillas o maras, incluso policías, a pequeños comerciantes y transportistas y desde la semana anterior trascendió que lo están cobrando también en escuelas. (Con datos de La Prensa y El Heraldo)