Por: Fredis Pereira
Máster en Administración y Gerencia Pública
Las autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) han sabido actuar al margen de la ley en la administración de los recursos públicos. Esta situación es caótica, está fuera de control y lesiona los intereses legítimos del pueblo salvadoreño. Así, la rutina es la administración irregular, mientras las entidades de control son ineficaces o se mantienen al margen.
Las irregularidades abundan bajo el designio de las autoridades universitarias. No es que los gestores carezcan de conocimientos para comprender la situación, sino que se elige el rumbo irregular porque también saben que han gozado de la impunidad. Los contratos irregulares solo es una forma de proceder impunemente. También sucede que cada mes, los ordenadores de pagos descuentan a cada trabajador el 1% del salario, para ser transferido de manera irregular al Fondo Universitario de Protección (FUP), que es una entidad que se administra al margen de la ley porque carece de personería jurídica y una reglamentación conforme a la Constitución.
La existencia y funcionamiento irregular del FUP es por la negligencia de las autoridades universitarias. En la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, se ha previsto que la Asamblea General Universitaria tiene el deber de reglamentar la administración en la UES, pero no lo ha hecho conforme a la Constitución, al grado que las autoridades universitarias se han atrevido a limitar el derecho a la propiedad privada sobre el salario, realizando descuentos obligatorios que no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa como corresponde. Así, mientras existen estas irregularidades pendientes de superar, el presidente de la Asamblea General Universitaria se ha ido en misión oficial hasta Rusia como si esa fuera su función.
La Corte de Cuenta de la República ha sido ineficaz para controlar las irregularidades en la UES. Primero porque los auditores delegados para las auditorías rutinarias no han sabido detectar esos descuentos irregulares en los pagos de salarios. También sucede que la respuesta a las denuncias es lenta e inoportuna, por ejemplo, en relación con la denuncia admitida con referencia DPC-113-2021, después de casi tres años de admitida, no se ha publicado los resultados de alguna auditoría realizada en relación con los asuntos denunciados. Para agravar la situación de ineficacia, ante denuncias presentadas recientemente en relación con irregularidades de la gestión, al jefe del Departamento de Participación Ciudadana de la Corte de Cuentas de la República, le ha parecido mejor declararse incompetente, tal como lo ha notificado ante las denuncias referenciadas DPC-69-2024 y DPC-33-2024.
Por su parte, la Superintendencia del Sistema Financiero se mantiene al margen de lo que sucede en el FUP de la UES. Esto facilita la administración irregular de ese fondo millonario. No se entiende porque el desinterés de intervenir de manera proactiva, antes que sea demasiado tarde para proteger los intereses del pueblo.
Pues, el FUP, además de obtener los recursos, violentando el derecho a la propiedad privada, administran contrario al sentido de la buena administración, tal como lo muestra el informe IA-284-FINAL/2023, que entre otras cosas, delata que en el FUP no se realizan auditorías externas desde el años 2006, existe atraso en la presentación de los Estados Financieros, la cuenta individual de las aportaciones de los trabajadores no está actualizada, falta información en los expedientes de las líneas de créditos otorgadas, falta de actualización del sistema contable, incompatibilidad de las funciones en la elaboración de las conciliaciones bancarias, diferencias encontradas en el saldo reflejado en el Balance General con el inventario del activo fijo, entre otras irregularidades. ¿Quién protegerá los intereses legítimos del pueblo en la UES?