En Estados Unidos, ocho inspectores generales que fueron despedidos en enero por Trump presentaron una demanda argumentando que sus despidos fueron “ilegales e injustificados”.
La ley federal requiere que el presidente notifique al Congreso, con 30 días de anticipación, y proporcione una “justificación sustancial” antes de destituir a inspectores que han sido confirmados por el Senado.
Esto ocurre luego de que el miércoles un juez federal levantara una orden de paralizar un programa del Gobierno de Trump que ofrece ocho meses de salario y prestaciones a los empleados federales que renuncien de forma voluntaria, como parte de un plan del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk para reducir drásticamente la plantilla de funcionarios federales.
Hasta el momento unos 75.000 trabajadores han aceptado el programa de renuncia diferida. (Fuente: Democracy Now)