Por: Fredis Pereira
Máster en Administración y Gerencia Pública
En lo más profundo del lado oscuro de la Universidad de El Salvador (UES), donde rige el desorden, la violación de derechos, las actuaciones contra los principios de la ética pública, el gobierno disfuncional universitario protegido por el secreto y la reserva de información, realiza promociones laborales irregulares para favorecer a sus redes de clientelismo político.
En las promociones laborales irregulares se omiten los procedimientos establecidos. El procedimiento previsto en la legislación universitaria garantiza la no discriminación, pues tal como lo ha reconocido el Secretario General y el Fiscal General de la UES, se debe realizar un concurso; que en el caso de la promoción del personal académico, el procedimiento está bajo las atribuciones y deberes del Comité de Administración de la Carrera del Personal Académico (CACPA), quienes cumpliendo con la Ley de Ética Gubernamental (LEG) y las convenciones contra la corrupción, deben realizar un proceso basado en principios de eficiencia y transparencia y criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud. Pero el gobierno disfuncional universitario mediante subterfugios excluye al CACPA y no realiza el debido concurso.
En las promociones laborales irregulares se omite la debida documentación. Aunque la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) establezca la existencia de expedientes administrativos, en relación con las resoluciones y diligencias que se realicen en las instituciones públicas, y que las normas de control interno establecen el deber de documentar las operaciones de la UES, en el gobierno disfuncional universitario es recurrente que no se tengan expedientes de la asignación de plazas por Ley de Salarios, tal como lo ha reconocido el Rector de la UES, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, en el proceso de apelación ref. NUE 35-A-2024.
Situación similar también ha sido publicada por la Corte de Cuentas de la República, cuando en un examen especial realizado en la UES, para el periodo 2016 al 2019, descubrió 14 promociones laborales irregulares por la inexistencia de los expedientes de evaluación del personal académico.
Las promociones laborales irregulares se facilitan ocultando los procedimientos que se realizan. A pesar de que la LPA en los artículos 12 y 13 establecen la obligación de informar sobre los procedimientos que se realizan en las instituciones públicas, en la UES, actuando contrario al principio de máxima publicidad que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, se niega el acceso a la información sobre el procedimiento desarrollado para asignar plazas por Ley de Salarios, tal como ha quedado registrado en el proceso de apelación ref. NUE 35-A-2024, alegando que no se ha generado la información; así, al no proporcionar la información se dificulta el descubrir, que en efecto, se transgrede el deber de realizar una promoción laboral basada en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud, que establece la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Las promociones de labores irregulares se fomentan ocultando la identidad de los tomadores de decisiones. En el proceso de apelación ref. NUE 35-A-2024, también ha quedado registrada, la negativa de entregar información sobre los nombres y cargos de los funcionarios que participaron en el procedimiento desarrollado para asignar plazas por Ley de Salarios.
En contrario al principio de transparencia que establece la LEG, siguiendo las costumbres oscuras, estos procesos que deberían ser públicos para garantizar la no discriminación, se han realizado recurrentemente con sigilo para evitar que los afectados por violación a su derecho a la igualdad de oportunidades en el empleo, recurran ante las autoridades a denunciar los actos; y para garantizar la impunidad se oculta la identidad de los funcionarios responsables. ¿Quién desmontará el gobierno disfuncional universitario que está habituado a la violación de derechos?
