INMIGRACION
El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó esta semana que solo el Gobierno federal tiene el poder para dictar leyes contra la inmigración ilegal y que Arizona fue demasiado lejos al promulgar la ley conocida como SB 1070. El más alto tribunal de EE UU dejó sin efecto la mayoría de sus disposiciones excepto quizá la parte más polémica, aquella que permite a la policía comprobar el estatus migratorio de quien considere necesario. “Papeles, por favor”, como popularmente se conoce la disposición, puede aun así ser objeto de demandas legales adicionales, argumentan los jueces.
Esta parte de la ley fue la que movilizó a los hispanos de Arizona, acosados por los agentes del sheriff Arpaio, conocido por sus declaraciones indisimuladamente racistas. Tras la sentencia del Supremo, la policía podrá seguir parando a alguien si “hay sospecha razonable de que está en EE UU de forma ilegal”, algo insólito en un país donde ni siquiera existe el carnet de identidad.
El dictamen es, no obstante, una victoria parcial para la Administración de Barack Obama al promulgar el Supremo que los Estados no pueden regular en materia de inmigración. El alto tribunal, con cinco votos a favor y tres en contra, derogó las siguientes cláusulas: que el Estado de Arizona -con casi 600 kilómetros de frontera con México- pueda considerar delito que los inmigrantes no porten consigo documentos que prueben su estatus (la policía podría así llevar a comisaría a un sospechoso para comprobar su situación migratoria); que pueda considerar un acto criminal solicitar un trabajo cuando no se tengan papeles; y que pretenda arrogarse la capacidad de detener a gente solo por la sospecha de que reside ilegalmente en el país.
“Arizona puede sentir una frustración razonable con los problemas que causa la inmigración ilegal”, escribe el juez Anthony Kennedy como argumento de la mayoría. “Pero el Estado no puede proclamar políticas que minan la ley federal”, sentencia.
REACCIONES
Un día después de la decisión del Tribunal Supremo, activistas y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes de todo el país han condenado parte del fallo de la máxima corte sobre la ley de Arizona porque consideran que promoverá el abuso y la discriminación contra los hispanos.
“La Corte Suprema ha afirmado que en casi su totalidad leyes como la SB1070 violan nuestra Constitución”, ha declarado Angela Kelley, vicepresidenta de Política Inmigratoria del Center for American Progress (CAP).
El Gobierno de México emitió un comunicado a raíz de la decisión del Supremo: “Este tipo de leyes conlleva altos costos políticos y no contribuye al entendimiento entre nuestras sociedades”.
En opinión de la organización Human Right Watch, la decisión de la Corte Suprema pone a las familias de inmigrantes en Arizona y otros Estados en riesgo de sufrir abusos por parte de las autoridades locales. La restrictiva legislación migratoria de Arizona ha sido secundada por los Estados de Utah, Colorado, Carolina del Sur y Alabama.
Desde el Consejo Nacional de La Raza, su presidenta, Janet Murguía, manifestaba su temor a que la parte que el Supremo ha mantenido legal “abra las compuertas del acoso, la intimidación y el abuso hacia las personas de nuestra comunidad en un lugar que ya es de hecho el más hostil hacia los hispanos de todo el país”.
El representante Luis Gutiérrez, demócrata de Illinois, ha declarado: “La experiencia nos indica que es muy poco probable que la policía detenga a un individuo cuyo apellido sea Kennedy o Roberts por sospecha de que no sea ciudadano estadounidense, pero quien se apellide Gutiérrez o Martínez, que tenga cuidado”. (Con datos de El País)