OPINION EL SALVADOR
Por: Guillermo Mejía*
El reconocimiento tácito del gobierno del Presidente Mauricio Funes a la beligerancia de las maras, tras entablar negociaciones para bajar los altos niveles de asesinatos en el país, ha provocado que los jefes pandilleros consideren en serio su incursión en la política doméstica, mientras cogen el sartén por el mango con la posibilidad de manipular los índices de los crímenes.
Las conclusiones están reseñadas en un análisis del periodista y experto en crimen organizado estadounidense, Douglas Farah, titulado The Transformation of El Salvador’s Gangs into Political Actors, auspiciado por el Center for Strategic and International Studies, con sede en Washington DC, tras una investigación que incluyó visitas y entrevistas con líderes pandilleros en El Salvador.
Según Farah, que fue corresponsal en tiempos de la pasada guerra civil, los acuerdos con la Mara Salvatrucha (MS) y Pandilla 18, donde aparecen como gestores el obispo castrense Fabio Colindres y el ex guerrillero Raúl Mijango, significan a todas luces para el gobierno una “política de alto riesgo al negociar con algunas de las pandillas más violentas del hemisferio”.
La sociedad vive una aparente calma, porque los asesinatos han caído de 14 a 5/6 diarios aunque se invisibiliza la cifra de, al menos, 6 desaparecimientos diarios, con lo que se estima que los niveles de violencia no han cambiado. El espejismo inclusive ha servido para impresionar a la comunidad internacional que cree que se ha encontrado una salida viable al problema.
“Pero, el resultado probablemente solo sea una caída temporal en la actividad pandilleril, mientras que éstas evolucionan a convertirse en actores políticos”, según advierte Farah, “no obstante que todo pareciera que hay ahora menos cuerpos en las calles, la violencia en sí no se ha aplacado. Y lo que es más, las estructuras de las pandillas ahora se han sofisticado”.
En su reciente visita, el experto norteamericano dice haber comprobado que “están interesados en el poder político. Sorprendidos y complacidos con el resultado de las negociaciones, los líderes de pandillas han empezado a entender que el control territorial y la cohesión, les hace posible sacar concesiones del Estado, mientras preservan el carácter de su estado criminal”.
Al grado que “algunos de esos pandilleros ya están analizando cómo apoyar a algunos candidatos para puestos a nivel local y nacional a cambio de protección y que se les permita tener la habilidad de dirigir la agenda del candidato”, afirma Farah, una empresa que no tiene nada que envidiarle a las prácticas políticas instituidas en países como México y Colombia.
En ese sentido, “los pandilleros ahora creen que el balance del poder está de su lado, ya que el gobierno no está dispuesto a arriesgar un retorno de los homicidios y que entonces solo se necesita amenazarlo con más violencia, para que éste les otorgue más concesiones a estos grupos que por más de una década han aterrorizado al país”, señala Farah.
Estratégicamente, el investigador y analista estadounidense asegura que las ganancias del gobierno –por la negociación- son momentáneas “mientras que las ventajas que han ganado las pandillas son de más largo plazo” y “la negociación entonces podría tener el resultado no deseado por el gobierno”.
“Si las pandillas quiebran la tregua y empiezan a asesinar con el mismo porcentaje, el gobierno no tendrá otra alternativa que emprender medidas enérgicas significativas, y para lo cual no hay estómago. Y por el otro lado, si la tregua se mantiene, los pandilleros podrían desarrollarse en actos políticos, cuya influencia en actividades criminales, aún más sofisticadas, se podrían incrementar dramáticamente”, advierte de manera contundente.
“Cualquiera que sea el resultado, no obstante, hay un riesgo de que la situación se descomponga a largo plazo”, concluye.
Según las estadísticas retomadas por Farah, en el 2010 se tuvo un índice de crímenes de 71 homicidios por cada 100 mil habitantes, con lo que El Salvador se ubicó en uno de los países más violentos del mundo, a la par de que se estima que existen unos 9 mil pandilleros de ambas maras guardando prisión y unos 27 mil activos en las calles.
El caso se torna oscuro y complejo por cuanto el gobierno salvadoreño no asume la paternidad de las negociaciones con las pandillas y se la achaca a la iglesia católica y a un ex guerrillero, algo difícil de creer, mientras en el discurso mediático tradicional se propaga y defiende la postura oficial sin que exista mayor investigación sobre el tema.
La gravedad de la situación es tal que -en especial en la clase política- se pretende cerrar los ojos a ese drama nacional y, en cambio, se espectaculariza el culebrón de las desavenencias entre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa en torno a las declaratorias de inconstitucionalidad de las elecciones de magistrados de 2006 y 2012.
Entonces, los derechos ciudadanos pueden esperar, máxime que son pobres y escasas las muestras de descontento popular en contra de las nefastas prácticas políticas que imposibilitan la ciudadanización del ejercicio del poder. Como bien señala Farah, los jefes pandilleros sí han entendido el asunto y se aprestan a incursionar en la política doméstica. ¿Qué piensan al respecto?
*Guillermo Mejía, Periodista y profesor de Periodismo de la Universidad de El Salvador.
