Según el periódico, ICE firmó contratos para la edificación de nuevos centros en zonas cercanas a ciudades con alta concentración de inmigrantes y donde se llevan a cabo el mayor número de arrestos.
En los primeros dos años de la administración del Presidente Barack Obama, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportó a poco más de 800 mil indocumentados, cifra récord reconocida por las propias autoridades federales.
La Opinión aseguró que se encuentran en planes de desarrollo varios centros en California, Florida, Illinois, Nueva Jersey y Texas.
“Están equivocados”
“Pareciera que no nos tienen miedo”, dijo a Univision.com Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHILA). “Creen (el gobierno federal de Obama) que nuestro poder político no es suficiente como para descarrilar el tren que ellos han hecho marchar a velocidades máximas desde hace dos años. Están equivocados”.
Cabrera reiteró que de la alta cifra de deportados por el gobierno en los dos últimos años, “entre seis y siete de cada 10 no tenía antecedentes criminales que representaran una amenaza para la seguridad nacional”. La cifra manejada por CHIRLA y respaldada por varias organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes se encuentra muy por encima de la anunciada por el gobierno, quien asegura que cerca del 70 por ciento de los expulsados sí tenía antecedentes criminales serios (crimen, asesinatos, violaciones y drogas, entre otros).
“Pero sobre todo me preocupa que sea el propio director de ICE, John Morton, quien dijo el martes en Chicago que la agencia no tiene recursos para instalar un sistema de videoconferencia para que los inmigrantes arrestados en centros lejos de sus hogares puedan hablar con sus familiares”, cuestionó Cabrera. “Sin embargo tienen recursos para erigir nuevas cárceles. Es tremendo, tremendo”.
A pedido de México
La instalación de sistemas de videoconferencias fue sugerida por el Consulado General de México. Morton también reconoció que la agencia que dirige tiene “muchos” centros de detención en el área de Chicago y aseguró que el mayor número de extranjeros deportados por Estados Unidos es de origen mexicano.
“Así como él (Morton) describe esa situación en Chicago, me temo que de la misma manera está describiendo la situación de miles y miles de inmigrantes en el país, y que alguien estará haciéndose rico a costa de que estas miles de personas estén ahora en un centro de detención, y todavía quieren hacer más cárceles. Es inhumano privarlos de libertad completamente y retenerlos indefinidamente. Hay gente que nos dice que están ahí seis, cuatro meses, más tiempo… Pareciera que no hay guías claras que indiquen qué tiene que hacer ICE con los inmigrantes arrestados. Están haciendo lo que les venga en gana”.
Morton se reunió en Chicago con representantes de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, autoridades policiales y de la gobernación de Illinois, para hablarles de la participación de los estados en el polémico programa federal Comunidades Seguras, una de las principales herramientas del gobierno para arrestar a indocumentados.
Illinois se retiró en mayo del programa argumentando que no cumple con su objetivo y quebró la confianza que la comunidad tiene en la policía, y que con ello se perdió un elemento clave en el combate al crimen.
Base de datos en la mira
Comunidades seguras es una gigantesca base de datos a cargo de ICE que cruza información con centros carcelarios, gobiernos locales y otras agencias federales para buscar a extranjeros con antecedentes criminales. El programa fue lanzado en seis ciudades en 2006 y en estos momentos funciona en 42 estados. La oficina de fiscalización del DHS lo investigará a partir de agosto tras una andanada de denuncias y Morton anunció, hace dos semanas, cambios en atención a innumerables quejas recibidas por el gobierno.
La base de datos también coteja las huellas dactilares tomadas por las policías a sospechosos detenidos por cualquier infracción.
Pero los cambios a Comunidades Seguras no son suficientes para aplacar el nerviosismo de las organizaciones pro inmigrantes. “Lo malo es que muchos están diciendo que es mejor que hagan las nuevas cárceles y tener a nuestros familiares cerca, para poder hablarles, para poder verlos. Eso no está bien. Con el anuncio de la construcción de nuevos centros el gobierno del presidente Obama está en proceso de implementar grandes centros de concentración de inmigrantes como nunca antes se había visto en Estados Unidos”, apuntó.
ICE asegura que las obras forman parte de “un plan para reformar y mejorar el trato a los inmigrantes y adaptarlos al tipo de inmigrante detenido”, ya que hoy en día casi la mitad está en cárceles locales bajo contrato, se lee en la nota de La Opinión.
“No hay garantías de que mejorará el trato a los inmigrantes detenidos, ninguna”, dijo Cabrera. “Sigue pendiente la denuncia sobe los centros de ICE que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en los centros de detención de inmigrantes se viola el debido proceso”, recordó.
El informe de la OEA
A finales de julio de 2010 la CDIH concluyó en un informe que en las cárceles de ICE los inmigrantes indocumentados son mantenidos en “condiciones inaceptables”, y que en algunos casos el derecho al debido proceso “ha sido afectado”.
“La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos”, precisó.
Agregó que dos tercios de los inmigrantes detenidos por ICE se encuentran confinados en recintos carcelarios estatales y municipales y no en sitios especializados, una situación que calificó de “lamentable”.
En cuanto a los indocumentados homosexuales, transexuales o enfermos mentales, la CIDH reveló que éstos son mantenidos incomunicados con el alegato de protegerlos por su vulnerabilidad, pero en realidad esa es “una manera de castigar a las víctimas”, denunció.
Dramáticas carencias
Otro delicado aspecto visto y constatado por los expertos de la Comisión fue la falta de acceso a abogados de los menores detenidos. En su gran mayoría, los menores deben defenderse por sí mismos, resaltó la Comisión.
Dijo además que la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) no hace las preguntas pertinentes cuando detiene a menores indocumentados para determinar si son víctimas de tráfico de personas o califican para solicitar asilo en Estados Unidos.
Otro frente de críticas al gobierno de Obama por su política carcelaria para indocumentados se genera por el alto número de detenidos y el costo que ello significa, un movimiento de varios millones de dólares cada año.
Una investigación del Center for American Progress (CAP) hecha en 2010 encontró nexos entre empresas que administran penales de inmigrantes y personajes que impulsan iniciativas para criminalizar la migración indocumentada en estados tales como Arizona.
El informe detalló que leyes como la polémica SB1070 tienen como objetivo que cientos de indocumentados ingresen a prisión por las ganancias que generarían.
Andrea Nill, una de las consultoras que participó en el estudio, dijo en abril a Univision.com que todo apunta a que leyes contra la inmigración indocumentada como la SB1070 de Arizona “le permiten al sistema tener más indocumentados en sus prisiones”.
Asimismo, un reciente reporte de The Associated Press, atribuido a auditores gubernamentales, dio cuenta que unos 55 mil inmigrantes estuvieron recluidos en prisiones federales el año pasado.
Bajo el programa Comunidades Seguras, las identidades de todos ellos fueron cotejadas por ICE.
La GAO señala además que el número de inmigrantes arrestados y deportados por ICE aumentó 70% desde 2009, y que las infracciones de tránsito y los delitos de drogas representan la mitad de los ilícitos que han derivado en esas detenciones.
“Nosotros seguimos insistiendo en que el gobierno debe detener las deportaciones y centrar la atención en la reforma migratoria”, dijo Cabrera. “Más cárceles es una respuesta equivocada. Pareciera que no nos tienen miedo”, reiteró y dijo que la comunidad hispana “lo tendrá en cuenta” en las elecciones presidenciales de 2012.
Por: Jorge Cancino
Con Datos de: Univision