SALVADOREÑOS
El miércoles Juan José Dalton interpuso una demanda contra el Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, por la renuencia del sistema judicial salvadoreño de iniciar un proceso de investigación en el asesinato del poeta Roque Dalton.
La solicitud fue acompañada de otros casos de violaciones a los derechos humanos como el del ex rector de la Universidad de El Salvador, Félix Ulloa asesinado en 1980, y el dirigente del Partido Demócrata Cristiano, Zamora Rivas, casos que hasta la fecha tampoco han obtenido respuesta a pesar de las constantes peticiones de justicia.
“Informar a la sociedad salvadoreña que hoy 2 de noviembre presentamos una denuncia y una demanda contra el Estado salvadoreño por no investigar el caso de graves crímenes contra la humanidad y contra los derechos humanos” expresó Juan José Dalton.
Roque Dalton fue asesinado en 1975 por sus compañeros de armas en el Ejército Revolucionario Popular (ERP), grupo que después pasó a formar parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy día partido político en el gobierno. La muerte del poeta es atribuida a Joaquín Villalobos y al actual director de Protección Civil, Jorge Meléndez.
“Es un hecho histórico que se une a anteriores cusas de las cuales El Salvador también ha hecho caso omiso, como el caso de monseñor Romero y los Jesuitas.
Pero el caso de Roque Dalton no es el primero que lleva al Estado salvadoreño al banquillo de la CIDH, casos de desaparición forzada como el de los niños y niñas, Emelinda Lorena Hernández, Santos Ernesto Salinas entre otros, fueron presentados en 2003. La razón sigue siendo la misma, la falta de interés y la inoperancia de las autoridades nacionales.
Dos años más tarde (2005) tocó el turno para el caso de las hermanas Serrano Cruz, que llegó a un organismo superior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se convirtió en la primera condena internacional en contra de El Salvador.
Junto a la demanda presentada por Juan José Dalton se suman otros casos atendidos por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), entre éstos la desaparición del entonces universitario Francisco Ventura Reyes, Rolando González Morales y Carlos Santos Menjívar, que fueron detenidos y torturados en 1981.
Dalton asegura que su demanda cumple los requisitos para que el caso sea admitido por el organismo internacional. “La CIDH en primer lugar tiene que verificar si nuestra demanda cumple todos los requisitos por ejemplo, haber agotado las instancias nacionales. El Salvador es un estado miembro de la OEA, entonces con mucha más razón los salvadoreños que nos encontramos desprotegidos del sistema judicial del país tenemos derecho a buscar justicia y lo hemos decidido en esta instancia internacional”, acotó.
Además, está consciente de que es un proceso que tomará tiempo, pero considera que en esta ocasión sus peticiones no serán obviadas. “No sabemos cuánto tiempo se va a tardar este proceso, pero es un proceso que está en manos ya no de El Salvador, sino en manos de la comunidad interamericana”, dijo.
En Washington además, cuentan con el apoyo y solidaridad de salvadoreños que un día tuvieron que dejar su patria por miedo a que su dignidad e integridad humana fueran violentadas.
“Hemos tenido una recepción impresionante, ayer martes tuvimos una reunión político cultural, tuve la recepción con poetas, escritores, pintores, gente de la comunidad intelectual salvadoreña en Washington, organizaciones de la sociedad civil que se reunieron para darme la bienvenida y darme su apoyo solidario a la causa que estamos llevando”, afirmó Juan José Dalton.
Juan José espera de esta manera enterrar de una vez por todas, un caso de violación a los derechos humanos que durante muchos años ha mantenido abierta una herida que ni siquiera el tiempo ha podido cerrar.
Si la Comisión resuelve que el Estado salvadoreño es culpable de obstaculizar el ejercicio de la justicia, la CIDH dará ciertas recomendaciones para que El Salvador las lleve a cabo, entre ellas llegar a un acuerdo amistoso con los demandantes.
Caso contrario, se procedería a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y si ésta emite un fallo a favor de la familia Dalton, obligaría a El Salvador investigar y esclarecer el asesinato del poeta. (Fuente: Damaris Aguilar, Contrapunto)