INMIGRACION
El destino de la reforma del sistema de inmigración de Estados Unidos, aprobada este jueves por el Senado en una jornada histórica, y pendiente ahora de su negociación en la Cámara de Representantes, acaba de quedar en manos del Partido Republicano. Sus líderes advierten que no darán la razón al Senado sin presentar antes una dura batalla, pero se enfrentan ahora a un dilema que puede determinar tanto la suerte de la reforma como la de los candidatos republicanos en las elecciones de 2014.
Durante el proceso de negociación del proyecto de ley, que puede alargarse durante los próximos seis meses, el Partido Republicano, liderado por el presidente de la Cámara, John Boehner, deberá hacer equilibrios entre la presión que suponen los 14 votos republicanos que ayudaron a sacar adelante la reforma en el Senado, y la llegada de un año electoral en el que ningún aspirante a la reelección querrá explicar en campaña por qué votó a favor o en contra de uno de los asuntos que más han dividido el país en los últimos años.
La próxima fecha clave para el avance de la reforma será el próximo 10 de julio. Los legisladores del Partido Republicano en la Cámara de Representantes celebrarán esa tarde una reunión para decidir la estrategia a seguir de ahora en adelante.
Lo ocurrido en el Senado les obliga a dar su respuesta, pero los plazos en los que lo hagan y el número de medidas aprobadas por la Cámara Alta que incluyan en su proyecto determinará el éxito de la reforma. Y también ayudará a interpretarlo como un triunfo correspondiente a Obama y a los demócratas -algo que tratarán de impedir- o uno que no hubiera existido sin la aportación de los republicanos.
Sus líderes pueden verse tentados además a alargar el proceso legislativo todo lo posible. Si no estudian de manera inmediata el texto aprobado por el Senado, deberán acordar un proyecto propio que sigue atascado en un comité de la Cámara y donde sus propios defensores admiten ignorar cuáles son sus posibilidades. De lograrlo, el debate se puede prolongar después en el pleno con las correspondientes enmiendas al texto.
Ese proceso crearía un espacio para enturbiar las negociaciones como los republicanos no han podido hacerlo hasta ahora. Las propuestas para impedir que los indocumentados accedan a beneficios federales como cobertura sanitaria mientras regularizan su situación fueron minimizadas en el Senado, pero la Cámara propicia un auditorio distinto a estas propuestas.
Y las tres áreas principales de la legislación ofrecen diferentes caminos para los republicanos que quieran adueñarse del debate. Muchos defienden que, por principio, la reforma no debe crear una vía para la ciudadanía. Otros, más moderados, quieren endurecer el proceso para alargarlo más allá de los 13 años que plantea el Senado. Los más conservadores exigen que se endurezcan aún más las condiciones en la frontera, otros quizás reconozcan que el respaldo este jueves de 14 republicanos evidencia que es suficiente.
El mayor riesgo radica en la línea que pueden trazar una minoría de representantes, incluidos aquellos afiliados al Tea Party, entre la reforma del sistema de inmigración y el de sanidad. Ya hay quien ha definido esta ley como una nueva intromisión del Gobierno de Obama. Y no han faltado representantes como Steve King, de Nueva York, que ha aglutinado a su alrededor a otros legisladores para impedir que los indocumentados reciban un sólo dólar de las arcas públicas -ya sea en forma de becas para estudiar o en ayudas de atención sanitaria.
Sin embargo, los republicanos no podrán permitirse enturbiar las conversaciones hasta amenazar con descarrilar la reforma. Serían los únicos responsables de ese fracaso, un precio demasiado alto para pagarlo, una vez más, en las urnas. La sombra de la derrota de Mitt Romney en noviembre, después de defender en campaña que la solución a la inmigración ilegal es la ‘auto-deportación’ de los ‘sin papeles’, también marcará el debate. (Con datos Cristina F. Pereda, EL PAIS)