Tribunal Supremo de EEUU apoya la igualdad de los matrimonios gais

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 WASHINGTON

  La causa del matrimonio entre parejas del mismo sexo ha recibido un formidable respaldo del Tribunal Supremo de Estados Unidos con dos sentencias que, sin entrar en su legalidad en el conjunto del país, consagran la igualdad de derechos de los homosexuales y despejan el camino para el reconocimiento universal de una realidad que cambiará para siempre la fisonomía de esta sociedad.

De paso, los nueve jueces veladores de la Constitución norteamericana aportan argumentos contundentes a favor de un movimiento que avanza incontenible en todo el mundo.

En dos decisiones muy ajustadas que coronan varios años de esfuerzos individuales, apasionado debate público y múltiples procesos judiciales, el Supremo ha declarado esta semana inconstitucional la ley que limita el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, y ha rechazado la decisión del estado de California de prohibir el matrimonio gay.

Con estas medidas –ambas adoptadas por 5 contra 4-, los magistrados están advirtiendo que los homosexuales casados están protegidos por los mismos derechos y amparados por las mismas leyes que los heterosexuales, incluidos todos los beneficios sociales, y, probablemente, aunque esto aún motivo de interpretación, que nadie puede abrogarse el poder de prohibir expresamente los matrimonios gais.

El Supremo no se pronuncia sobre la legalidad de esos matrimonios en todo el país. Es decir, no defiende expresamente la necesidad de una ley federal que permita las uniones entre homosexuales, entre otras razones, porque no era esa la cuestión que había llegado hasta esa instancia. Pero respalda todas las decisiones judiciales previas a favor del matrimonio gay y rechaza todos los argumentos presentados en su contra. Como se hizo visible desde las primeras reacciones, ha sido una histórica victoria para la causa homosexual y una amarga derrota de los defensores del matrimonio tradicional.

Argumentando en nombre de la mayoría, el juez Anthony Kennedy sostuvo que la DOMA, la ley que define el matrimonio como una institución entre hombre y mujer –que fue aprobada en 1996 y firmada por Bill Clinton, quien después expresó su arrepentimiento- “viola la Quinta Enmienda de la Constitución al hacer unos matrimonios más respetados que otros”. En la opinión en nombre de la minoría, Antonin Scalia, dijo que sus compañeros que votaron diferente creen que “esto es una historia en blanco en negro, cuando la realidad es mucho más compleja”. En la decisión contra definición del matrimonio, Kennedy, el centrista que suele oscilar, se sumó a los cuatro progresistas. En el caso de la ley de California, la mayoría estuvo conformada por dos conservadores y tres progresistas.

El presidente Barack Obama se felicitó por “esta victoria para las parejas que llevan mucho tiempo luchando por ser tratadas por igual ante la ley, para los hijos de matrimonios que ahora tendrán que ser reconocidos como legítimos, para las familias que tendrán el respeto y protección que merecen, para los amigos y seguidores que han trabajado mucho para convencer a la nación de que este cambio era para mejor”.

“Hoy es un gran día para Estados Unidos. Hoy vamos a regresar a California y vamos a poder casarnos. Hoy vamos a ser todos un poco más iguales”, manifestó Kristin Perry, una de las demandantes de la ley de California, conocida como Proposición 8. Edith Windsor, la persona que llevó hasta aquí su batalla contra la DOMA, se alegró de que “ahora todos los niños de matrimonios gais tendrán la misma dignidad que el resto”.

Con estas sentencias, serán ya 13 los estados que permitan el matrimonio homosexual. Cuando se consume su legalización en California, un 30% de los norteamericanos vivirán en territorios amparados por ese derecho. Pero el Supremo, en efecto, no se pronuncia sobre la situación en los estados en los que no existe aún la posibilidad de casarse para los homosexuales ni les obliga a sumarse a esa iniciativa.

Tampoco era esa su misión en esta oportunidad. Los magistrados tenían que decidir sobre el caso de una mujer a la que se obligaba a pagar unos impuestos sobre la herencia de su difunta esposa de los que están excluidos los matrimonios heterosexuales. (Con datos de Antonio Caño. El País)